El abogado Édgar Cuevas, gerente anticontrabando de la Unión Industrial Paraguaya, afirmó que las empresas de transporte de encomiendas aparecen en medio de la trazabilidad entre el dinero y el producto contrabandeado, por lo que solicitarían que sean investigadas por las autoridades pertinentes.
La Unidad Especializada Anticontrabando del Ministerio Público abrió una investigación contra una de ellas, la Transportadora San Ignacio, de donde el jueves ultimo se incautaron documentos y soportes informáticos, para ser sometidos a pericia. Con ello se busca desbaratar una red de contrabandistas que enviaba desde el Brasil a su destino final calzados de procedencia brasileña, en frío.
“Las transportadoras en su forma de operar son informales, hay una resolución de la SET que dice que las cargas deben acompañarse con documentos que describan específicamente qué se está transportando y en un 80% las transportadoras no están describiendo las mercaderías”, afirmó Cuevas, quien sostuvo que después de esta experiencia con la TSI, pedirían o sugerirían a las autoridades que investiguen a todas.
La Resolución 41 de la Subsecretaría de Estado de Tributación obliga a las transportadoras de mercaderías tener las facturas correspondientes o la declaración del contenido de las cajas o bolsas. En ese contexto, las empresas solo enumeran las cajas, sin describir el contenido, de acuerdo con la versión del referente de la UIP.
El gremio a través de sus representantes realizó una compra simulada del Brasil, para identificar el canal de distribución de los contrabandistas, que hicieron llegar hasta su destino final los productos sin pagar los impuestos. Esta investigación se realizó con autorización judicial, según el fiscal Eugenio Ocampos.
Hasta la fecha son 10 las transportadoras de encomiendas que son investigadas por transportar contrabando, a partir de las incautaciones realizadas por las autoridades del Ministerio Público.
Todos los documentos incautados por el Ministerio Público serán verificados por los técnicos de Aduanas, Subsecretaría de Estado de Tributación y Ministerio de Industria y Comercio, que integran la Unidad Interinstitucional de Prevención y Combate al Contrabando (UIC).
Las fiscalizaciones en ruta de los camiones con encomiendas prácticamente no se realizan, debido al volumen de las cargas y el tiempo que lleva verificarlas.
“Esto es solo la punta del iceberg”
Édgar Cuevas dijo ayer que los allanamientos realizados ayer solo representan la punta del iceberg. Indicó que, si bien se está haciendo énfasis en calzados y confecciones con estos procedimientos, el tema está en que el ochenta por ciento de las mercaderías se transportan sin la documentación pertinente. “Es decir, cualquiera puede transportar cualquier cosa”, remarcó.
Sostuvo que se debe dimensionar lo que están investigando. “Entonces, esto es la punta del ovillo o la punta del iceberg. Aquí hablamos de calzados y confecciones, pero se sabe que el ochenta por ciento de lo que se transporta pueden ser cualquier mercadería y el ochenta por ciento no tiene la documentación pertinente”, enfatizó.
Añadió que, en este momento, hay transportadoras que tienen conexión directa con Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este. “Si nosotros encontramos calzados y confecciones específicamente, tenemos un problema gigantesco porque es lo que menos se transporta. Estamos hablando, por ejemplo, de piezas de autopartes no declaradas”, recalcó.
Cuevas refirió que ahora registran que todos los productos son de origen brasileño. Lograron determinar que las prendas y calzados de origen brasileño fueron ofrecidas, en este caso, a seis empresas locales unipersonales. “La dimensión del problema se nota cuando hacemos una multiplicación simple por el número de gente que está conectada a esa red. Estamos hablando como mínimo de doscientas operadoras, que compran a través de ese medio. Por ende, compran de contrabando y llegan a todo el país”, acotó.