CIUDAD DEL ESTE
Transcurría una mañana normal, con tráfico caótico y controles aleatorios en el Puente de la Amistad, cuando los funcionarios aduaneros del Brasil apostados en la cabecera detuvieron un vehículo de alta gama, ocupado por un joven paraguayo.
En el interior, en un fondo falso, guardaba más de 70 kilos de cocaína y el conductor terminó preso, bajo un proceso de tráfico internacional de drogas en el vecino país.
Es un caso más asistido por el Consulado paraguayo en Foz de Yguazú, donde con ayuda de la Defensoría Pública de la Unión se procederá a gestionar la defensa del joven que sería imputado por tráfico internacional de drogas.
Veinticuatro horas después, ya entrada la noche, otra patrulla detectó una embarcación que cruzaba el río Paraná desde la costa paraguaya. Los ocupantes escaparon hacia el bosque, pero abandonaron la embarcación y cuatro fardos de marihuana prensada que sumaron casi 110 kilos.
Las dos intervenciones ocurrieron con apenas un día de diferencia, en medio de la dinámica diaria característica entre Ciudad del Este, Paraguay, y Foz de Yguazú, Brasil, que es el tránsito intenso, controles y un flujo permanente de mercancías ilícitas que cruzan hacia Brasil, monitoreados por la red transnacional del crimen organizado.
Esta realidad se refleja en las cifras oficiales. Solo en el 2025, la Policía Federal ya destruyó más de 110 toneladas de drogas, un volumen que confirma la magnitud del tráfico en la región de la Triple Frontera, conformada por Paraguay, Brasil y Argentina.
Las toneladas de estupefacientes fueron incautadas en el Puente de la Amistad, por donde cruzan más de 40.000 personas por día, o el río Paraná y el gran lago Itaipú, conformado por el embalse de la represa hidroeléctrica binacional.
Los intervinientes son diferentes agencias policiales brasileñas, que combaten el narcotráfico en la frontera. La droga fluye vía terrestre, por agua y aire, a pesar del aumento de controles con drones y tecnología avanzada.
TENDENCIA EN AUMENTO. El cónsul adjunto Iván Airaldi sostiene que entre veinte y veinticinco paraguayos son detenidos cada mes en Brasil por hechos vinculados al narcotráfico. La cifra anual supera con holgura los doscientos cuarenta casos y no muestra señales de descenso.
El diplomático advierte que incluso personas reportadas como desaparecidas en Paraguay aparecen luego presas en Brasil, atrapadas en la misma cadena del narcotráfico. “Los casos aumentaron”, afirma.
Las detenciones no se limitan al Puente de la Amistad, ya que muchos jóvenes caen días después en ciudades como Maringá o Londrina, cuando ya están en ruta hacia destinos más alejados. En otros casos, son camioneros que llegan a desplazarse en el interior del Brasil hasta más de 500 km, con la carga ilegal.
Airaldi describe un patrón repetido. La mayoría de los detenidos provienen de Minga Guazú, Hernandarias y otras zonas del Alto Paraná.
Son jóvenes reclutados por redes que operan sin ruido, que les ofrecen pagos rápidos y los utilizan como transportistas de marihuana destinada a São Paulo o Corbélia, y de cocaína con rumbo a Europa a través del Aeropuerto Internacional de Foz de Yguazú.
Los jóvenes reciben hasta G. cinco millones por viaje, un monto suficiente para aceptar el riesgo, según Airaldi, quien asegura que quienes terminan detenidos representan solo una mínima fracción del flujo, ya que la red sigue operando, casi intacta. Durante sus viajes, las mulas viajan con valijas con colores llamativos para que el receptor pueda individualizarlas, cargando hasta con USD 150.000 en estupefacientes.
LOS MÁS VULNERABLES. La estructura criminal funciona como un engranaje que se alimenta de la vulnerabilidad, teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas de los detenidos en el Brasil.
El reclutador generalmente es conocido solo por algún nombre ficticio o apodo y a la mula se le entrega un teléfono celular, en el que debe recibir la llamada del que va a recibir la carga, conforme al testimonio del funcionario.
Para activar estos aparatos se utilizan identidades falsas, chips activados con documentos robados y contactos que desaparecen apenas cruzan la frontera. Los verdaderos patrones se esconden tras el anonimato y no pueden ser rastreados, en consecuencia.
En este contexto, el Consulado coordina asistencia con la Defensoría Pública de Brasil, ya que los abogados privados cuestan más de treinta mil reales y resultan inaccesibles para la mayoría.
Los detenidos suelen recuperar la libertad entre ocho meses y un año después, siempre que sean primarios y encajen en el perfil de eslabón más débil de la cadena. Sin embargo, día tras día se registran nuevos casos y se repiten los mismos patrones, que siguen intactos.
