Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, ha mantenido e incentivado una postura negacionista respecto a la cifra de desaparecidos durante el gobierno de facto, que organizaciones de derechos humanos sitúan en 30.000 desaparecidos.
Para el ultraliberal, quien según los sondeos es el favorito para ocupar la Casa Rosada (sede del Ejecutivo), el número sería de 8.753. Milei sostiene además que en la década de los años setenta “hubo una guerra” en la que las Fuerzas Armadas cometieron “crímenes”, pero “también los terroristas mataron gente, torturaron, pusieron bombas y cometieron delitos de lesa humanidad”.
Lo que este aspirante presidencial intenta resucitar es la teoría que equipara los delitos de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas, como parte del terrorismo de Estado, con los actos de violencia llevados a cabo por organizaciones guerrilleras de esa época como Montoneros (izquierda peronista) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP, ultraizquierda comunista).
Ese argumento fue empleado durante la presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989) para definir una guerra civil y defender un frente militar que todavía seguía activo en ese momento y presentaba una real amenaza a la recién recuperada y endeble democracia, que por entonces sentaba en el banquillo de los acusados a los miembros de la Junta Militar.
La candidata a la vicepresidencia por LLA, Victoria Villarruel, muy cercana al ámbito castrense, se ha encargado de organizar recientemente un homenaje a las víctimas de la guerrilla de izquierda y ha reclamado juzgar los actos terroristas.
Villarruel considera que el país vive “en un relato eterno”, ocultando a organizaciones armadas que “atacaron” a argentinos y extranjeros por igual, para imponer un “Estado autoritario y comunista” y que durante cuarenta años esas víctimas han sido borradas de la memoria nacional.
Si la hija del ya fallecido teniente coronel Eduardo Marcelo Villarruel, quien participó en el denominado Operativo Independencia, desplegado en 1975 y considerado como el inicio de la represión, asume eventualmente como vicepresidenta el próximo 10 de diciembre, se encargará de las competencias en seguridad y defensa, para las cuales ya ha anunciado que aumentará el presupuesto del actual 0,6% del PBI al 2%.
Los libertarios de Milei buscan poner en jaque uno de los pocos “acuerdos básicos” que perduran en la Argentina democrática, en un momento en el cual las Fuerzas Armadas gozan de cierta imagen positiva frente a los partidos políticos, según un estudio de opinión pública revelado por la consultora Poliarquía el mes pasado.
CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
Entre 1976 y 1983, la Junta Militar argentina llevó a cabo el llamado Proceso de Reorganización Nacional, un eufemismo empleado para intervenir todas las dependencias democráticas del Estado y generar un control autoritario sobre la ciudadanía.
Este ‘proceso’ encubrió actos de terrorismo de Estado y se encargó de combatir elementos ‘subversivos’, personas afiliadas o cercanas a partidos políticos de izquierda, peronistas y guerrilleros. Durante esa época, estudiantes, trabajadores, sindicalistas, docentes y militantes políticos junto a opositores eran desaparecidos sin juicio o acusación previa.
La ex ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) funcionó como el centro clandestino de detención más grande del país, en el que muy pocos lograron sobrevivir tras las sesiones de tortura a las que fueron sometidos. Los desaparecidos eran asesinados, sus cadáveres lanzados a fosas comunes o arrojados vivos al mar, mientras que otros todavía hoy día siguen en paradero desconocido.
“Aquí, la Marina secuestró, torturó y desapareció a más de 5.000 hombres y mujeres. Las graves violaciones a los derechos humanos, el plan sistemático de robo de niños nacidos en cautiverio y el exterminio de prisioneros que eran arrojados vivos al mar durante los llamados ‘vuelos de la muerte’, hacen de este edificio un símbolo del genocidio que tuvo lugar en el país”, describió la Unesco al reconocer a este siniestro lugar como patrimonio.
La organización Abuelas de Plaza de Mayo estima que unos 500 bebés fueron robados a sus progenitores por la dictadura, de los que por el momento 133 nietos han sido recuperados e identificados; en muchos casos, sus madres dieron a luz en centros clandestinos y los recién nacidos fueron entregados a familias militares.
Argentina condenó a 1.189 personas por crímenes de lesa humanidad cometidos en esa época y es uno de los países ejemplares en el mundo en el impulso de políticas de memoria y de derechos humanos.
Fuente: EFE
