La SIP, con sede en Miami, hizo la petición tras presentar a esta instancia un documento de “amicus curiae” (amigo de la corte), una figura jurídica que representa el apoyo ante el tribunal de un tercero no implicado en la causa.
En nombre de la SIP, su presidenta, Elizabeth Ballantine, invitó a la “Corte Interamericana de Derechos Humanos a fallar que la decisión del Gobierno venezolano de no renovar la concesión de RCTV y no reparar el daño, en represalia por su línea editorial, es una flagrante violación a los principios de libertad de expresión establecidos en la Convención Americana”.
RCTV, una cadena privada de línea editorial crítica con el Gobierno, tuvo que dejar de emitir en abierto el 27 de mayo de 2007, después de que la Administración del entonces presidente Hugo Chávez no le renovara el permiso con el argumento de que era una compañía “golpista”.
La concesión no fue renovada, estableció la SIP en su documento, “en represalia por su postura editorial crítica e informaciones contrarias al Gobierno venezolano”.
En el escrito, la SIP también destacó que, “por vía de medidas cautelares presentadas por organizaciones sociales, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó la incautación, sin indemnización, de toda la plataforma de RCTV, a fin de asegurarle al propio Estado la operación inmediata de una señal de televisión”.
El Gobierno, por orden directa del entonces presidente Chávez, cerró la emisora de señal abierta RCTV y confiscó sus 48 estaciones repetidoras y equipos de transmisión.
Un nuevo canal público comenzó a operar después de que fueran desconectados los equipos de la estación.
La Televisora Venezolana Social (TVes), patrocinada principalmente por el Estado venezolano, ocupa las frecuencias que anteriormente tenía RCTV y opera en todo el país utilizando los transmisores pertenecientes a la emisora, explicó la SIP.
La SIP tiene una larga trayectoria como “amicus curiae” y de iniciativas ante la CIDH.
Ante la Corte presentó argumentos, entre otros, por los casos de Ricardo Canese, Paraguay, en febrero de 2004; el diario La Nación y el periodista Mauricio Herrera Ulloa, Costa Rica, en marzo de 2004; Gabriela Perozo, Aloys Marín, Oscar Dávila Pérez y otros periodistas de Globovisión, Venezuela, en abril de 2008; Luisiana Ríos y otros periodistas y trabajadores de Radio Caracas Televisión - RCTV, Venezuela, en julio de 2008.
Ante la Comisión Interamericana la SIP también formuló un “amicus curiae” en el caso contra The Gleaner Company Limited y Dudley Stokes, de Jamaica, en abril de 2004, y ante esta instancia ha presentado las investigaciones de 29 asesinatos de periodistas ocurridos en Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, México y Paraguay, de las cuales 14 fueron admitidas.
