Editorial

La recesión obliga a revisar las medidas mirando el largo plazo

Los datos del Banco Central del Paraguay (BCP) sobre la evolución del producto interno bruto (PIB) muestran que luego de tres trimestres consecutivos de reducción del desempeño en 2018, en los dos primeros trimestres de 2019 el resultado ya es negativo. Atacar el problema con medidas que solo mitiguen temporalmente la recesión y beneficien a los mismos sectores de siempre obligará al Gobierno a llevar una pesada carga de insostenibilidad económica y social durante el resto de su administración. Esperemos que tome conciencia de ello y analice con atención todas las medidas que deba implementar.

Es preocupante que hayamos llegado a esta situación sin que las autoridades económicas hayan planteado cambios relevantes, pues este escenario no es ajeno para quienes vienen analizando las tendencias mundiales y la estructura económica nacional.

Probablemente, el impacto del conflicto político haya debilitado aún más el marco institucional que requiere la economía para funcionar mejor, lo que perjudicó las expectativas de los agentes económicos y profundizó la retracción de algunos sectores.

Otros sectores siempre tuvieron un comportamiento volátil. La agricultura y ganadería tuvieron crisis derivadas de factores climáticos y del comercio exterior que muestran que la caída actual no es la primera en las últimas dos décadas. En por lo menos 9 de los 20 años la agricultura o la ganadería han visto crecimiento negativo en su sector durante más de un trimestre consecutivo.

Este desempeño altamente inestable ha sido analizado en múltiples eventos, informes académicos y de organismos internacionales y reportes institucionales. En 2013, el Banco Mundial publicó un documento sobre el tema con un profundo análisis sobre las causas y con llamadas de alerta.

A pesar de ello, las políticas públicas y sus sistemas de incentivos mantuvieron el modelo aun con el conocimiento de que esos determinantes empeorarían. El clima, acentuado por el calentamiento global, y la ralentización económica de los principales países compradores de los bienes que produce Paraguay no constituyen fenómenos nuevos.

El país sigue fortaleciendo con sus medidas a las ramas que no solamente son la fuente de volatilidad, sino también de una alta dependencia de escasos productos y mercados, y, por si fuera poco, mínimo impacto en el empleo y en los ingresos tributarios, frente a los costos que generan en términos de deforestación, contaminación y conflictos sociales.

El sector industrial está desprovisto de intervenciones que le permitan aumentar su producción y su productividad. En algunos casos, incluso, cuenta con capacidad instalada ociosa, pero sin créditos ni capital humano acorde con sus necesidades. Si bien existe banca pública e instituciones con competencia para formar en alianza con el sector privado a los trabajadores, sus intervenciones son de bajo alcance y calidad.

La agricultura familiar pasa por una situación similar. A pesar de su relevancia en la reducción de la pobreza, la generación de ingresos en el sector rural, en la producción de alimentos para el consumo familiar y en la contención de la inflación, especialmente en el sector asalariado, recibe una pésima atención de las instituciones con competencias y recursos dirigidos al sector.

Las pequeñas y medianas empresas, de gran potencial por la cantidad de mano de obra que ocupan, no cuentan con políticas que mejoren sus estándares de producción y contribuyan a la formalización del empleo.

El Gobierno presentó un plan de contingencia para enfrentar esta situación, pero si sus medidas vuelven a beneficiar a unos pocos y a mantener las condiciones estructurales de la economía paraguaya, lo único que va a lograr es mitigar por unos meses el problema, aumentando el endeudamiento. A este Gobierno todavía le quedan cuatro años de gestión. Es el momento de cambiar las cosas o deberá sobrellevar una crisis económica y social permanente hasta culminar su periodo.

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