De acuerdo con los datos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), en nuestro país tenemos a unos 93.000 docentes, de los cuales unos 78.000 realizan sus funciones en aulas.
Esta importante cantidad de servidores públicos brindan diariamente el trascendental servicio educativo a unos 1.300.000 estudiantes de todos los niveles que conforman el sector oficial, como así también el privado subvencionado.
Los docentes se rigen por un Estatuto del Educador aprobado en el año 2001, que se constituye en el instrumento esencial que determina las reglas del juego para el ingreso, condiciones salariales, carrera, promoción y jubilación.
Una de las cuestiones centrales establecidas en dicho estatuto es la necesidad de establecer un salario básico profesional acorde con las exigencias del trabajo, y a partir de ahí un sistema o escalafón docente que vaya acompañando con determinados incentivos la carrera del educador.
La lucha del sector docente ha sido constante en las últimas décadas para lograr la mejora salarial sistemática, lo cual obviamente es legítimo considerando la importancia crítica de esta labor para el desarrollo del país.
En el año 2003, el salario para un maestro de aula por turno era de G. 758.000 y, actualmente, está en el orden de los G. 2.700.000
El gran salto se dio en el año 2018, a partir de un acuerdo que firmaron los principales gremios docentes con el gobierno de turno en el 2017, en donde se establecía que el salario básico profesional del docente aumentaría en un 16% anual (considerando ya la inflación prevista) durante los cuatro años siguientes (2018-2021), de manera que al final de dicho periodo el salario pasase de G. 2.000.000 a unos G. 3.600.000
Este acuerdo se cumplió los dos primeros años (2018-2019), pero la pandemia y las terribles restricciones presupuestarias del año 2020 suspendieron dicho ajuste. Para el año en curso se establecieron ciertas condiciones que mencionaban la posibilidad de un aumento que podría ser del 8% o del 16% dependiendo del nivel de crecimiento de la recaudación fiscal. Y que dicho aumento se daría para el último trimestre del año.
Finalmente, el Ministerio de Hacienda plantea en el presupuesto presentado al Congreso un nuevo ajuste del 8% para los docentes para el año 2022.
Si se cumplen estos últimos aumentos, el salario básico profesional docente estaría en el orden de los G. 3.300.000 para el próximo año, siempre calculado por turno (un docente puede tener más de un turno de trabajo, aunque no siempre sea lo más recomendable).
En concreto, este acuerdo del 2017 con el sector docente para estos ajustes mencionados significa un aumento de cerca de 500 millones de dólares extras que anualmente debe cubrir el Fisco, solo referido a los salarios mencionados.
No caben dudas de que es importante reconocer la labor docente y cumplir con los acuerdos, la lucha histórica y el propio Estatuto Docente en relación al salario básico profesional.
Pero a partir de este momento, debemos enfocarnos centralmente en el mejoramiento de la calidad docente, pues de esto depende en gran medida el proceso de cualificación del aprendizaje de los estudiantes, donde la situación nacional es trágica actualmente.
Este debe ser el próximo acuerdo amplio con los gremios docentes y con toda la sociedad. Cuestiones básicas como el proceso de formación inicial deben ser transformadas radicalmente, aumentando la vara de calidad para los Institutos de Formación Docente (IFD). Asimismo, la formación continua en servicio debe ser reformulada y sobre todo cumplida a cabalidad con mecanismos de evaluación que muestren a la sociedad qué y cómo se está mejorando.
Un tema clave es contar con un nuevo Estatuto Docente, en el que fijemos nuevas reglas de juego, mucho más meritocráticas y con los incentivos puestos en dicho sentido. Un estatuto que se aplique básicamente a los nuevos ingresantes al sistema.
Nos urge avanzar hacia este nuevo acuerdo.
