El alto costo que ha tenido la irrupción de grupos criminales armados que operan actualmente en la zona Norte del país es incalculable, fundamentalmente cuando consideramos a las personas que han sido secuestradas, atacadas y asesinadas; como también a las comunidades de la zona, que han visto con los años empobrecerse su calidad de vida.
El pasado fin de semana, cuatro personas fallecieron y una quedó herida en medio de un enfrentamiento entre el grupo armado EPP y las fuerzas de seguridad. El hecho se produjo después de que los criminales asesinaran a dos indígenas, además de dejar herido a un nativo.
Las autoridades confirmaron que fue abatido Osvaldo Daniel Villalba Ayala, de 39 años, alias Comandante Alexander o Javier, quien era el principal líder del grupo armado y a quien se lo sindica como el responsable de al menos 60 hechos criminales. Además de este, otros dos miembros del grupo criminal perdieron la vida: Luciano Argüello y un soldado nativo del EPP no identificado.
Para el jefe del Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional, Nimio Cardozo, constituye uno de los golpes más importantes que se dieron al EPP durante los últimos años. Mientras que el titular del Ministerio del Interior, Federico González, explicó, respecto al enfrentamiento en la zona de Cerro Guazú, Departamento de Amambay, entre miembros de las fuerzas de seguridad e integrantes del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que la FTC, el Ministerio Público y otras autoridades desde hace un año manejaban información de inteligencia sobre sus movimientos.
El enfrentamiento se registró en una comunidad indígena, en el centro del Cerro Guazú, en un predio de alrededor de 11.000 hectáreas, hasta donde llegaron los miembros del grupo criminal para aparentemente “ajusticiar a los nativos”, tras lo cual intervinieron agentes de la FTC. Las fuerzas de seguridad ya se encontraban en el lugar cuando vieron a ocho personas camufladas que ingresaban a la comunidad indígena, tras lo cual ya escucharon disparos, por lo que ingresaron y se produjo el enfrentamiento.
A partir de estos acontecimientos son muy grandes las expectativas que surgen, especialmente de las familias de las personas que permanecen secuestradas por los criminales, y que viven un cotidiano tormento.
El suboficial de Policía Edelio Morínigo lleva ya secuestrado ocho años y es considerado el más largo de la historia del país; le sigue el del ganadero Félix Urbieta, quien lleva seis años de plagio, y finalmente la retención del ex presidente Óscar Denis, quien lleva secuestrado dos años. Sobre la situación de estas tres personas, ni el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), el Ejército del Mariscal López (EML) ni la Agrupación Campesina Armada Ejército del Pueblo (ACA-EP) han dado nunca información alguna. Hallarlos y dar así respuestas a las sufridas familias debería ser una prioridad de las autoridades. Después de 30 años de la creación del primero de estos grupos, el EPP, el Estado paraguayo está en deuda con sus víctimas, así como con las familias que soportan las ausencias y también todas las comunidades que de una manera indirecta sufren ataques de estos grupos.
El Gobierno no debe, no obstante, olvidar que los grupos criminales armados que operan actualmente en la zona Norte del país no son su único problema. Es necesaria política pública de seguridad para el Norte que incluya en la ecuación la presencia de grupos del crimen organizado, casi tan nefastos como el EPP, como es el caso del PCC y el comando Vermelho y el Clan Rotela. No es hora de celebraciones sino de intensificar los esfuerzos para librar al Paraguay de las mafias.
