A San Miguel, de nacionalidad venezolana y española, la acusan de “traición a la patria”, “terrorismo” y “conspiración”, por estar “vinculada de manera directa” con la supuesta operación “Brazalete blanco” para asesinar al presidente Nicolás Maduro, dijo el fiscal Tarek William Saab.
“Ella tenía una misión como parte de esa trama ‘Brazalete blanco’, incluso delatada por los militares detenidos”, señaló Saab en declaraciones a la prensa. “Su misión era comunicar en tiempo real los avances de las acciones terroristas que se irían desarrollando”.
San Miguel fue detenida el 9 de febrero cuando se disponía a viajar fuera de Venezuela junto a su hija, que luego quedó en libertad condicional.
Su ex esposo, el coronel retirado Alejandro José Gonzales, también fue arrestado bajo sospecha de “revelación de secretos políticos y militares”. Sus hermanos y el padre de su hija también fueron detenidos aunque luego ex carcelados. Saab los acusó de “encubrir medios probatorios”: Un celular y una computadora portátil de San Miguel.
Desde su arresto, que se hizo oficial el domingo en la tarde, los abogados de San Miguel denuncian la “desaparición forzosa” de su defendida, a quien aún no tuvieron acceso.
“Siguen las violaciones a las garantías y derechos fundamentales”, escribió uno de sus abogados, Joel García, el miércoles en X. “Estamos a las puertas del tribunal para ser designados como sus defensores, pero no ha sido posible por la ausencia del juez”.
“Transcurre el lapso para la apelación y para proponer diligencias de investigación, pero la idea es que transcurra pero sin defensa privada”, agregó.
Saab aseguró aseguró que todo se hizo conforme a derecho.
“Explíquenme una desaparición forzada cuando alguien es presentada ante el tribunal (...), que ya fue comunicado por mi persona a solicitud de los fiscales del Ministerio Público”, señaló ofuscado.
reclamo. ”¡Liberen a Rocío!”, repetían este miércoles representantes de oenegés congregadas en Caracas para exigir la excarcelación de la directora de Control Ciudadano, que registra casos de violaciones de derechos humanos en civiles y militares.
“A Rocío San Miguel la detienen en una política del Estado venezolano de criminalizar las organizaciones de la sociedad civil y a sus miembros (...). Vemos una escalada en la profundización de la criminalización y la represión, dijo la abogada Andrea Santacruz, de la ONG Civilis. “Estamos seguros de que ella no está implicada en ningún hecho ilícito”, recalcó.
Con la aprehensión de San Miguel suman 19 los detenidos por la operación “Brazalete blanco”, al tiempo que quedan por ejecutar 15 órdenes de arresto, detalló Saab. La detención de Rocío San Miguel entra dentro de un esquema que expertos denominan “puerta giratoria”, y que consiste en concretar excarcelaciones al mismo ritmo en que se practican nuevos arrestos. AFP
