Según Peña, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la reforma al artículo 133 del Código Penal busca “darle la oportunidad a las mujeres de que salven sus vidas” y para limitar el “daño físico y moral” que padecen las víctimas de violación que resultan embarazadas.
Detalló que, “de alguna manera, estos derechos estaban reconocidos en el Código Penal vigente” desde finales del siglo XIX y fueron suprimidos en la legislación penal emitida en 1997.
Añadió que su propuesta se basa en dos resoluciones de la Sala de lo Constitucional del Supremo, emitidas en respuesta a sendas demandas que buscaban que se autorizara el aborto terapéutico y que señalan que esta es potestad exclusiva del Congreso.
“No podemos mirar hacia otro lado, es un problema no solo moral, sino de salud pública”, dijo a la prensa la legisladora minutos después de presentar la moción en el Palacio Legislativo.
El artículo 133 del Código Penal salvadoreño establece penas de entre 2 y 8 años de cárcel a quien provoque, consienta o practique un aborto en cualquier condición.
La reforma propone añadir el numeral 133-A que haga la salvedad de que “no es punible” el aborto realizado “con el propósito de salvar la vida de una mujer”, cuando el embarazo sea producto de una violación o estupro o sea “inviable la vida extrauterina”.
El FMLN ha apoyado históricamente a las organizaciones sociales que buscan la despenalización del aborto terapéutico y en casos de violación, sin embargo es la primera vez que toma medidas en el Congreso, a pesar de haber tenido diputados en los últimos 22 años.
Actualmente, un total de 14 mujeres están condenadas en este país centroamericano por delitos ligados al aborto.
La última polémica causada por este tema en el país centroamericano se registró en 2013 cuando una joven de 22 años, que padecía lupus y gestaba un feto acéfalo, solicitó al Constitucional el permiso para abortar.
La solicitud fue denegada y la mujer dio a luz mediante cesárea a una niña, que murió horas después.
Por su parte, la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) solicitó a mediados de julio al Congreso ampliar hasta los 50 años las penas para el aborto, similar a la del homicidio agravado.
El Salvador, Chile, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra y Malta son los únicos países del mundo que mantiene una prohibición legal absoluta del aborto.
