Política

La política está rebasada de corruptos procesados y escudados en cargos

En todas las áreas del Estado existen políticos investigados por hechos punibles que utilizan sus influencias para quedar impunes, beneficiados por una Justicia lenta y protección de sus partidos.

Los diferentes estamentos del Estado, sobre todo el Congreso, están llenos de políticos involucrados en casos de corrupción que provocan graves daños patrimoniales y revelan las debilidades del control de las instituciones y de la Justicia.

Los procesados utilizan el poder de sus puestos para dilatar las investigaciones y son protegidos además por sus partidos políticos, sobre todo los tradicionales, como el Partido Colorado y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Actualmente, al menos ocho legisladores están imputados por corrupción, tráfico de influencias y hasta narcotráfico, como los diputados colorados Miguel Cuevas, Ulises Quintana y Tomás Rivas, o los liberales Carlos Portillo y Teófilo Espínola.

También el senador colorado Javier Zacarías Irún y los parlasurianos liberales Enzo Cardozo y Milciades Duré.

La mayoría logra prolongar los procesos con chicanas y evitan perder la investidura.

NO IMPUTADOS. Además, son investigados, pero no fueron imputados hasta el momento los diputados colorados Esteban Samaniego, Justo Zacarías Irún y su esposa Rocío Abed.

En tanto que en el Poder Ejecutivo, el ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann, es investigado por supuestas irregularidades durante su gestión como gobernador del Guairá.

La preocupación por estos casos llegó hasta la Iglesia Católica y el domingo, durante la misa central de Caacupé, el obispo Ricardo Valenzuela leyó una carta en la que resaltó todos los males cometidos por la clase política e hizo énfasis en la firma secreta del acuerdo de Itaipú que causó un escándalo recientemente.

Varios se vieron obligados a renunciar, como José Alberto Alderete, ex director de Itaipú, o Luis Alberto Castiglioni, quien se desempeñaba como canciller y regresó a su banca en el Senado.

Por esta causa es investigado también el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.

APARTADOS. Los escándalos por corrupción pública que mancharon a la política paraguaya provocaron también que muchos hayan tenido que ser desvinculados de sus cargos, como Óscar González Daher, ex senador de la ANR; Francisco Díaz Verón, ex fiscal general del Estado; Dionisio Amarilla, ex senador del PLRA; Víctor Bogado, ex senador de la ANR; Jorge Oviedo Matto, ex senador del Unace; José María Ibáñez, ex diputado de ANR.

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Y como la corrupción permea todas las áreas, recientemente también se vio forzado a renunciar el ex titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Horacio Torres, cuando dos de sus altos funcionarios, Enrique Gómez de la Fuente y Carlos Soler, fueron descubiertos por pedir coimas e imputados por cohecho pasivo agravado.

Además, un caso sonado de corrupción fue el de Carlos Núñez Salinas, diputado de la ANR, que había sido acusado por contrabando y consiguió que la Justicia le blanquee luego de varias chicanas.

JUSTICIA ENDEBLE. Pero los políticos no son los únicos protagonistas de la corrupción en el país. Y eso fue revelado recientemente cuando gobiernos extranjeros denunciaron graves casos que no fueron vistos por la Justicia paraguaya.

El Brasil requirió nada más y nada menos al ex presidente de la República, Horacio Cartes, por supuesta complicidad con el empresario Dario Messer, preso por el caso Lava Jato.

Así también entraron a la lista la abogada de Messer, María Leticia Bóbeda, hija del ex senador José Manuel Bóbeda. Las otras órdenes de captura pesan sobre Felipe Cogorno Álvarez, directivo del Shopping China; Édgar Ceferino Aranda Franco, mayor accionista de Fe Cambios SA; de la que José Fermín Valdez es gerente; Lucas Lucio Mereles Paredes, vinculado a Cambios Yrendagüe y Jorge Alberto Segovia, que aparece como funcionario de Forex SA.

El hecho más fuerte fue la detención de la ex diputada Cynthia Tarragó por lavado de dinero en los Estados Unidos, por parte de agentes del FBI.

Y finalmente, ayer, el Gobierno de los Estados Unidos retiró de por vida la posibilidad de ingresar a su territorio a Óscar González Daher y a Javier Díaz Verón.

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