Así, entre proyectos de acaparamiento de tierras, muchas veces en manos extranjeras, monocultivos –muchas veces con agrotóxicos y semillas que en otros países son rechazadas por sus efectos colaterales– y planes de instalación de megaindustrias de criptomineras y otras plantas de uso intensivo de energía, que hoy ya son una realidad concreta, se iba planteando la actualización de un proyecto país que cada vez deja fuera a más gente en pos de los intereses de unos pocos.
Hasta aquí solo hacemos un recuento de más de lo mismo; los tejes y manejes del poder económico y político, que muchas veces en nuestro país son los mismos o están en connivencia.
Lo que pocas veces nos ponemos a pensar es qué pasa cuando las cosas no funcionan como piensan que deberían funcionar. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando las semillas dejan de estar en circulación porque se comprueba su toxicidad? ¿Y los agroquímicos?
Los plaguicidas obsoletos son sustancias químicas caducadas que constituyen un riesgo para la salud y el medio ambiente. La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) amplía el concepto incluyendo al conjunto de sustancias prohibidas a nivel internacional y en cada país y; a los productos desconocidos, sin etiquetas o cambiados de envase y, expuestos a la humedad o altas temperaturas. Constituyen basura tóxica.
Con el tiempo, el Estado paraguayo acumuló grandes cantidades de plaguicidas y desechos tóxicos en las diversas dependencias de las Oficinas Fiscalizadoras de Algodón y Tabaco -OFAT. En el 2003, en la oficina de Asunción, un gran incendio generó gran cantidad de basura tóxica debido a la mezcla de materiales con insecticidas y plaguicidas. El suceso alertó el peligro que representaban estas sustancias tóxicas almacenadas al ambiente, debido a que el derrame de los mismos llegó hasta el río Paraguay. El inventario de semillas de algodón tratadas con plaguicidas vencidos, en ese momento, era de unas 2500 toneladas y gran parte de este material, aunque no todo, fue desechado en Inglaterra hace casi 15 años por medio de métodos especializados.
En abril de este año, Senave lanzó una licitación tan vaga que parece hecha a medida para que el problema nunca se solucione. El pliego de bases y condiciones no exige destrucción segura, no menciona normas internacionales y, lo más grave, permite que el contratista decida si “almacena” o “dispone” los residuos . ¿Disponer cómo? ¿Enterrándolos en algún pueblo olvidado? ¿Quemándolos a cielo abierto? ¿Arrojándolos al río? No sabemos, porque el documento no lo indica.
Es obsceno. Mientras países serios envían sus residuos peligrosos a plantas especializadas, aquí se juega a la ruleta rusa con la salud pública. Si el Estado no es capaz de gestionar el veneno, ¿qué legitimidad tiene para regular el uso de agrotóxicos en los campos? ¿Qué autoridad moral tiene para hablar de “desarrollo sostenible” en foros internacionales? Con estas y otras preguntas nos quedamos rumiando este domingo porãite.
