“La Policía Nacional hoy y siempre va a lamentar, a pedirle disculpas, perdón, a las personas que han sido víctimas de cualquier hecho en que un policía, de manera comprobada y con todo el debido proceso, ha cometido un acto contrario a la ley”, expresó el representante de la Policía de Colombia en una conferencia de prensa.
Miembros de la Policía son señalados por la muerte de 13 personas por disparos en Bogotá y la localidad vecina de Soacha el 9 y el 10 de setiembre de 2020 durante unas violentas manifestaciones desatadas tras el asesinato de Ordóñez, que era estudiante de Derecho.
“Lamentamos profundamente la muerte, como lo indicó ese día el director general encargado, mi general (Gustavo) Moreno, de Javier Ordóñez”, afirmó hoy Vargas, que agregó: “un saludo respetuoso a su familia, de condolencia y disculpas”.
Entre el 9 y el 10 de setiembre de 2020, durante las manifestaciones violentas, 72 Comandos de Acción Inmediata (CAI) de la Policía fueron blanco de acciones vandálicas y de estos 33 fueron incendiados, y además hubo centenares de lesionados entre civiles y miembros de la fuerza pública.
Avance de las investigaciones
El policía colombiano Juan Camilo Lloreda aceptó en abril pasado su responsabilidad y fue condenado a 20 años de cárcel por el asesinato de Ordóñez.
En octubre del año pasado, la Procuraduría (Ministerio Público) inhabilitó y suspendió por 20 años a los agentes de la Policía Lloreda y Harby Rodríguez por abuso de autoridad y por el asesinato del estudiante.
Por los hechos de violencia que derivaron del asesinato de Ordóñez, el general Vargas dijo que fue destituido un policía, siete más suspendidos y otros 10 multados.
“Hay frente a lo ocurrido ese día en Bogotá, con Fiscalía de DDHH, ocho investigaciones con homicidios relacionados con disturbios que se presentaron ese día. Han sido imputados tres policías por cuatro homicidios, por dolo eventual”, expresó el oficial.
Igualmente fueron detenidas 147 personas por la violencia de esas jornadas, de las cuales 140 siguen vinculadas a procesos judiciales y “siete fueron sometidas a medida de aseguramiento no privativa de la libertad”.
Orden judicial para la Policía
El Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo de Colombia, afirmó hoy además que la Policía cometió excesos durante las manifestaciones de este año, que comenzaron el 28 de abril y se prolongaron por dos meses.
“Para la alta corte, las autoridades accionadas, en desmedro de garantías constitucionales y recomendaciones de organismos internacionales y defensores de los derechos humanos, ha hecho uso de la fuerza como primer instrumento y no como último mecanismo de solución a las alteraciones del orden público en las protestas, relegando el diálogo y las negociaciones como alternativa”, detalló ese tribunal en un comunicado.
En esa línea ordenó que los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía, acusado de brutalidad durante las protestas, “sean sometidos a un proceso de capacitación, socialización y entendimiento” de un “protocolo para el uso de la fuerza en el curso de actos de protesta ciudadana”.
Las protestas de este año en Colombia, que comenzaron por una propuesta de reforma tributaria y se extendieron por más de cinco semanas perdiendo poco a poco intensidad, tuvieron reportes de graves violaciones de derechos humanos, sobre todo de abuso de fuerza policial y algunos episodios de vandalismo y de civiles armados disparando contra manifestantes.
También se reportaron desapariciones, abusos sexuales, bloqueos y homicidios cuyo número difiere según la fuente a la que se le consulte.
