14 jul 2026

La ONU confirma el aumento de ataques contra los defensores del derecho a tierras en Brasil

Ginebra, 1 may (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, confirmó hoy el aumento de ataques contra defensores de los derechos humanos en Brasil, en particular de quienes luchan por la tierra y sus recursos.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, ofrece una rueda de prensa sobre los lugares donde se producen más violaciones a los principios fundamentales en la sede europea de las Naciones Unidas en Ginebra (Su

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, ofrece una rueda de prensa sobre los lugares donde se producen más violaciones a los principios fundamentales en la sede europea de las Naciones Unidas en Ginebra (Su

“El Gobierno debe hacer más para luchar contra la impunidad que parece existir de crímenes violentos contra quienes defienden los derechos humanos”, dijo Zeid en una rueda de prensa en Ginebra, durante la que pasó revista a las situaciones más preocupantes de derechos humanos en el mundo.

Como el caso más alarmante en Brasil, mencionó el asesinato en el estado de Matto Grosso de nueve miembros del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, desde el pasado 20 de abril.

“No hay datos oficiales de estos asesinatos, pero los que hemos recibido indican que 61 activistas fueron asesinados en 2016", agregó el alto comisionado.

La información recogida por la ONU apunta a que Pará es el estado más violento de Brasil para los activistas y que los ataques que sufren tienen que ver generalmente con disputas por la tierra.

Zeid dijo que por esa razón ha sido bien recibida por su oficina la propuesta de las autoridades de Pará “para crear un programa de protección de defensores de los derechos humanos” y urgió a que éste empiece a funcionar en breve.

En relación a los escándalos de corrupción que han llevado Brasil a una profunda crisis política, Zeid comentó que la corrupción implica el incumplimiento por parte de los entes estatales de sus obligaciones frente a la población, particularmente en cuanto a la provisión de servicios y ayuda a los más necesitados.

“Esto es corrosivo desde la perspectiva de los derechos humanos”, analizó el experto de la ONU.

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