“Entendemos que no es admisible dudar de la honorabilidad de ninguna persona ni especular sobre los contenidos de la actuación que se ha tenido, sino sobre el análisis fundamentado de la misma”, dijo el organismo panamericano en un comunicado.
The Washington Post había publicado el viernes que la abogada penal Venkateswari Alagendra, que se ha unido al equipo que defiende a Maduro ante la CPI, es cuñada de Khan.
El diario estadounidense había precisado que en la CPI hay un código de conducta para la oficina del fiscal que ordena a sus miembros abstenerse de cualquier conflicto que pueda surgir de interés personal en el caso, “incluyendo una relación conyugal, parental u otra relación familiar cercana, personal o profesional con cualquiera de las partes”.
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La oficina de Khan destacó en un comunicado que “la composición del equipo legal que representa a Venezuela en los procedimientos en los que la Fiscalía defendió con éxito su derecho a hacer valer su jurisdicción en esta situación es un asunto de dominio público”.
“Debemos presumir que el fiscal Karim Khan actúa bien y actuará bien y conforme a los estándares éticos que se le exigen y que su cargo amerita”, apuntó la OEA este domingo.
La secretaría general de la organización, según su nota, “no entiende pertinente” que se le pretenda recusar, “especialmente por actores políticos que han estado ajenos a todo procedimiento desarrollado al presente en la denuncia a la cadena de mando del régimen autoritario venezolano” ante la CPI, que lo investiga por posibles crímenes de lesa humanidad.
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“Consideramos inoportuna la tramitación de solicitudes sin fundamento o formuladas con ligereza que solamente perjudican los procedimientos que se llevan a cabo. La Secretaría General continuará sus esfuerzos para que haya justicia para las víctimas y familiares de las víctimas” en la CPI, concluyó su comunicado en defensa del fiscal.
La ONG Fundación Arcadia, con sede en Washington, había solicitado este domingo recusar a Khan alegando “un conflicto de interés grave que compromete la imparcialidad del fiscal y pone en riesgo la integridad del proceso judicial, con implicaciones profundas para la credibilidad” de la corte.
Fuente: EFE.
