Este es uno de los principales mensajes del informe de Perspectivas del Empleo publicado hoy por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que calcula que la tasa de paro pasará del 7,1 % en el cuarto trimestre de 2014 (1,6 puntos más que al inicio de la crisis) al 6,5 % al finalizar 2016.
Alrededor de 42 millones de trabajadores carecían de trabajo en sus 34 países miembros el pasado mayo, lo que significa 10 millones más que antes de que estallara la crisis.
La situación era muy contrastada, ya que mientras en la zona euro se mantenía por encima del 11 % (y por encima del 20 % en Grecia y España) en Estados Unidos se había situado por debajo del listón del 6 % y por debajo del 4 % en Japón, Corea del Sur y Noruega.
Los autores del estudio destacaron que un tercio de los desempleados (15,7 millones en total) llevan más de un año en esa situación -el 57 % de los cuales, más de dos años-, y que ese colectivo, en el que predominan las personas con baja cualificación, se ha incrementado en un 77,2 % desde finales de 2007.
Eso constituye un riesgo de alejamiento del mercado laboral que a largo plazo dificulta su reinserción.
También subrayaron que los jóvenes figuran entre los más golpeados por el incremento del desempleo desde 2007, en particular en países como Grecia, Italia y España, donde han aumentado de forma muy pronunciada los que ni tienen empleo ni están formándose.
A ese respecto, explicaron que una de las constataciones de su estudio es que “las perspectivas de evolución profesional a largo plazo se deciden, en gran medida, en los diez primeros años de la vida activa”.
El informe también constata que trabajadores experimentados que han perdido su empleo durante la crisis van a tener dificultades para reactivar su carrera, sobre todo porque tendrán que pasar de algunos sectores en decadencia (como la construcción o el manufacturero) a otros más dinámicos, en particular los servicios.
La OCDE advirtió igualmente de que las desigualdades se han incrementado todavía más con la crisis en la mayor parte de sus países.
Las diferencias de competencias socio-profesionales explican en gran medida la variación de las desigualdades salariales, que a su vez constituyen un factor determinante en la brecha de los ingresos de las familias.
A largo plazo, las bajas competencias cognitivas, las modalidades atípicas de empleo y las empresas poco productivas son los principales factores determinantes de los bajos salarios.
Ante esa situación, el conocido como “Club de los países desarrollados” reconoció que un salario mínimo reduce el riesgo de unas remuneraciones extremadamente bajas, aunque puntualizó que hay que tener en cuenta el eventual efecto negativo sobre el empleo.
La OCDE, que se decantó por establecer un salario mínimo inferior para los trabajadores muy jóvenes y sin experiencia -para favorecer su entrada en el mundo del trabajo-, también aconsejó su revisión regular con “evaluaciones objetivas de su impacto potencial sobre los empleos poco cualificados y las condiciones de vida”.
Y sobre todo, en lugar de pronunciarse por un nivel ideal general, insistió en que debe coordinarse con otros elementos de política social como son las cotizaciones sociales -por ejemplo, bajarlas para los empleos poco cualificados- o completarlo con otro tipo de prestaciones.
La organización aconsejó tres tipos de medidas para mejorar las perspectivas de los trabajadores que están en la parte más baja de la escala, empezando por dispositivos de activación eficaces para conectar a los parados con empleos que se ajusten a sus perfiles.
Las otras son completar las competencias de los trabajadores con bajas cualificaciones y medidas directas para reforzar la calidad de los empleos apoyando los salarios de los trabajadores con bajas remuneraciones.
