“Esto es un ejemplo más de cómo las políticas oficiales van cargando sobre la gente humilde todo el costo de lo que se dilapidó en la seguridad social y va postergando el debate necesario que debe haber sobre una reforma fiscal, donde se debe dejar de perdonar y cobrarles impuestos a las grandes empresas para que el Estado tenga dinero para hacer frente a sus obligaciones sociales”, expresó Báez Mosqueira sobre la nueva normativa.
Dijo que el Estado sigue careciendo de una estrategia y continúa haciendo caso omiso a la grave situación de que el 75% de la población está condenada a no acceder nunca a una jubilación en Paraguay.
Alegó que esta nueva normativa representa solo “un remiendo”, que no resuelve el real problema de falta de seguridad social en el país, lo que podría ocasionar que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) llame la atención al país, al haber ratificado Paraguay el Convenio 102 y su Recomendación 202 sobre seguridad social.
“Como Paraguay ya aprobó el Convenio 102 y ya ratificó la Recomendación 202, la OIT puede llamarle al orden para ver qué está haciendo para que toda la gente que no tiene seguridad social la llegue a tener, por ser un derecho humano fundamental”, explicó el ex dirigente sindical.
Báez Mosqueira reiteró lo que ya viene afirmando desde que surgió la posibilidad de modificar la Carta Orgánica del IPS, de que esta nueva normativa no es más que el primer paso, de entre varios otros, que dará el Gobierno actual, con miras a la privatización total de la seguridad social, en sus aspectos de atención médica y de las jubilaciones y pensiones.
“Ya lo habíamos dicho antes, van a pasar al sector privado porque son los dos sectores que dejan pingües ganancias al gran capital, a las empresas transnacionales de la salud y a la banca transnacional, que es la que maneja las jubilaciones y pensiones”, señaló y volvió a advertir que esta ley ayudará “a poner la casa en orden”, desde el punto de vista del Gobierno, para “preparar el golpe final que vendrá sobre la población”.
