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La negociación del Presupuesto 2020 requiere un pacto urgente

El desorden económico de este Gobierno se manifiesta en su incapacidad para frenar las demandas salariales de la propia Administración Central y para negociar racionalidad en el Presupuesto con las demás entidades del Estado y, sobre todo, con el Poder Legislativo. Así como están las cosas, el resultado de una mayor recaudación tributaria derivada de la reciente reforma aprobada terminará en un reducido grupo de funcionarios públicos con escasa productividad y dudosa ética y compromiso con el país. El Presupuesto 2020 será un símbolo más de la debilidad de esta gestión si no logra contener el aumento del gasto salarial.

La situación se encuentra tan desordenada y anárquica que desde el interior del Poder Ejecutivo ya se identifican demandas de aumentos salariales en algunas instituciones, sin que las mismas estén acompañadas de mejoras sustanciales en la gestión y, sobre todo, sin garantizar que el aumento se dirija a premiar a los buenos funcionarios públicos.

Los incrementos salariales se solicitan, salvo con contadas excepciones, de manera general, sin mediar mecanismos racionales de ingreso y promoción, asignación por resultados o algún otro medio que permita a la ciudadanía asegurar que los aumentos están direccionados a premiar una buena gestión. Al contrario, en algunos casos las solicitudes provienen de instituciones con alta deslegitimidad ciudadana porque han demostrado bajos resultados, corrupción o desidia. Otras instituciones solicitan aumentos salariales a costa de menores recursos para sus actividades misionales.

En cualquier caso, ninguna de estas demandas está debidamente documentada en evaluaciones de gestión o en normativas que establecen una carrera profesional. En algunos casos hay justificaciones, pero en un contexto de bajas recaudaciones tributarias, derechos básicos incumplidos, ausencia de carrera profesional y de mecanismos de monitoreo y evaluación e incapacidad para negociar, todos los colectivos que solicitan terminan en la misma posición, sin importar el merecimiento.

Para que esto no siga ocurriendo, hay instituciones del Poder Ejecutivo que tienen funciones y recursos para hacer evaluaciones e incentivar, impulsar e implementar carreras profesionales en todos los ámbitos de la gestión pública. Sin embargo, es poco lo que hacen para contribuir a un mejor proceso presupuestario.

La estrategia, al parecer, es enviar desde el Poder Ejecutivo un Presupuesto sin consenso al Poder Legislativo y trasladar el conflicto. El Poder Legislativo, por su parte, aprueba un Presupuesto que no contribuye a la implementación de buenas políticas públicas, por lo que desde el inicio tienen problemas para lograr resultados. Presupuestar salarios sin insumos tiene como final las crisis que hoy tenemos en el sistema educativo, de salud, o en cualquier servicio público.

Así, estamos frente a una cadena de irresponsabilidades en la que las autoridades se culpan unas a otras con las conclusiones que ya conocemos. Vivimos en uno de los países más ricos de la región en recursos humanos y naturales, pero, en contrapartida, acumulamos las mayores desigualdades, exclusiones y pobrezas. A las pésimas condiciones materiales se agregan la decepción ciudadana y la deslegitimidad política que no hacen nada bien. Ningún país crece a largo plazo con autoridades que perdieron el respeto, con niveles intolerables de corrupción y con todo tipo de inseguridades.

Mientras las autoridades no asuman el compromiso que les corresponde en el Presupuesto General de la Nación, continuaremos como estamos, y empeorando. Y estas autoridades quedarán en la memoria ciudadana como los responsables de la decadencia del país. Esperemos que sean conscientes de ello y logren una negociación presupuestaria que nos beneficie a todos y no solo a una minoría.

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