El alcalde de Lima, Luis Castañeda, anunció que la suspensión del cobro del peaje en el distrito de Puente Piedra, en el sentido de sur a norte, busca mantener “la paz social” y evitar que se vuelvan a producir hechos de violencia.
El alcalde aseguró que “en estos momentos se está negociando con los distintos concesionarios y las diversas instituciones que tienen que ver con este asunto, para resolver de una vez por todas el problema del peaje de Puente Piedra”.
Remarcó que la concesión es un contrato que “obliga a ambas partes a llegar a un consenso para resolver los distintos problemas” y dijo que, de tomarse una decisión unilateral, se afectarán obras de infraestructura vial que se están construyendo en Lima.
Diversos colectivos han promovido en las redes sociales a una nueva marcha para mañana con la intención de “demoler” el peaje, que ya fue incendiado el jueves pasado en una violenta manifestación que protestó contra esa instalación y el alza de tarifas impuesta recientemente en esa zona de la capital peruana.
La nueva manifestación fue convocada tras constatar que la instalación reanudó los cobros el viernes, un día después de que los manifestantes quemaran cuatro garitas de control, que rápidamente fueron repuestas.
El motivo de la protesta es la habilitación por parte de la concesionaria vial Rutas de Lima, controlada por el fondo canadiense Brookfield Asset Management, en sociedad con la brasileña Odebrecht y la peruana Sigma, de un nuevo peaje a aproximadamente un kilómetro de otro ya existente, unido al aumento de la tarifa en 0,50 soles (0,15 dólares) hasta alcanzar los 5 soles (1,48 dólares).
Rutas de Lima confirmó hoy, en un comunicado, la suspensión del cobro durante 30 días y señaló que durante ese período “explorarán” junto a la Municipalidad “alternativas con el objetivo de encontrar una solución que pueda reducir el impacto social sin afectar el equilibrio económico financiero del contrato.”
“Ello se debe a que los peajes permiten recuperar la inversión en obras realizada por la concesionaria, para lo que se cuenta con un financiamiento de diferentes entidades bancarias y financieras, y a la preocupación que comparten ambas partes por el tema social”, indicó.
La concesionaria aseguró que “tiene como política mantener un diálogo abierto y constante con las comunidades, autoridades y usuarios” y consideró que las personas deben expresar su opinión “pacíficamente y dentro de los mecanismos legalmente establecidos”.
