La misiva, firmada por el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, es una respuesta a la carta emitida por el representante eclesiástico el pasado 1 de diciembre en la que pidió al Gobierno de Nicolás Maduro cumplir con el compromiso de un calendario electoral para una salida a la crisis en la nación petrolera.
El texto indica que en los últimos 24 días “la crisis económica y social sobre la cual cabalga el conflicto político venezolano se ha hecho aún más veloz e inflamable”, y que no existen condiciones para retomar las conversaciones entre las partes el próximo 13 de enero como se anunció el pasado 6 de diciembre, cuando el diálogo entró en “revisión”.
La MUD dice sentirse fielmente expresada en las cuatro demandas que la Iglesia expuso este mes al Gobierno venezolano entre las que destacan “la implementación urgente de medidas destinadas a aliviar la grave crisis de abastecimiento de alimentos y medicinas que está sufriendo la población”.
En su comunicación, el Vaticano también pidió restituir “cuanto antes” sus competencias al Parlamento, de mayoría opositora, actualmente declarado en desacato por el Supremo, y que se apliquen “los instrumentos legales para acelerar el proceso de liberación” de los detenidos que la oposición reclama como “presos políticos”.
Sin embargo, la alianza opositora reclama que ninguno de estos puntos se han logrado y por el contrario, asegura, se han producido retrocesos, al tiempo que acusa al chavismo de cometer “ardides judiciales” para hacer cuesta arriba un cambio de Gobierno y para seguir actuando contra el Legislativo.
“Es muy importante que a través de los mecanismos que considere eficientes y oportunos la Santa Sede (y ojalá también los demás “facilitadores”) puedan verificar sobre el terreno el no cumplimiento de los acuerdos”, reza el texto.
El diálogo político que se inició en Venezuela el 30 de octubre ha sido auspiciado además por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que designó como acompañantes internacionales al exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y los expresidentes Martín Torrijos (Panamá) y Leonel Fernández (República Dominicana).
La celebración de unas elecciones presidenciales adelantadas es uno de los principales reclamos de los opositores en la mesa, mientras que el Gobierno reclama el reconocimiento como autoridad y fuerza política.
