Los recientes datos del Censo Agropecuario 2022 dan cuenta de un resultado esperado, si se consideran otros datos relacionados de la última década. Con respecto al censo agropecuario del 2008, hay 11.684 fincas menos de entre 1 y 20 hectáreas, categoría que corresponde a la agricultura familiar; en cambio, aumentaron en casi 55% las parcelas de menos de 1 hectárea, un espacio insuficiente para la producción campesina.
En el 2022 existían 213.912 fincas que corresponden a tres categorías; de 1 a 5 hectáreas; de 5 a 10 hectáreas, y de 10 a 20 hectáreas. Esta cantidad es inferior a las 225.596 fincas halladas en el anterior censo realizado hace 14 años.
Diversas voces venían alertando sobre el problema de la tierra en Paraguay y su tendencia a la concentración.
Los conflictos por la tierra, la migración hacia las ciudades sin generación de empleos, el aumento de los precios de los alimentos, el deterioro de la salud nutricional son algunos de los indicadores que antes del Censo ya mostraban el deterioro en este ámbito.
Investigadores sociales coinciden en que esta fragmentación tendrá sus repercusiones en la oferta de alimentos frente a una creciente población, que depende cada vez más de la importación y hasta del contrabando.
La desigualdad de la tierra tiene causas y consecuencias relacionadas con otras asimetrías. Organismos internacionales, como el Banco Mundial, señalan que los bajos niveles de impuestos pagados por la tierra incentivan la especulación y el acaparamiento, y obstaculizan el funcionamiento del libre mercado de tierras. Esto se traduce en la ineficiencia en el uso de este importante recurso económico.
El funcionamiento del sistema judicial y policial tampoco contribuye a garantizar seguridad jurídica. Se han visto demasiados casos de gestión indebida y corrupta, lo cual debilitó la confianza ciudadana en estas instituciones. El contrabando de alimentos es una pelea que podría considerarse pérdida, lo que afecta no solo a la producción agrícola e industrial y, por supuesto, a cualquier posibilidad de generación de empleo en estos sectores, especialmente en la agricultura campesina.
Tampoco funcionan las políticas dirigidas a la agricultura familiar. La asistencia técnica es de mala calidad, no existen instrumentos para enfrentar el cambio climático como el seguro agroclimático e inversiones en infraestructura, no hay suficiente investigación en adaptación de semillas, los mercados funcionan de manera oligopólica sin que el Estado tome medidas para garantizar la competencia, no se implementan políticas para industrializar e impulsar cadenas de valor agroalimentarias, entre otras acciones fundamentales para garantizar el buen desempeño de la agricultura familiar.
La tierra dirigida a la producción de alimentos de la canasta familiar tiene múltiples beneficios que van mucho más allá de la producción de alimentos. Estos beneficios no son solo económicos. No contar con alimentos sanos que son propios de la cultura gastronómica afectan al bienestar de los hogares, a las posibilidades de avanzar hacia la industrialización del país, a la mitigación y adaptación al cambio climático.
El descontento que generan los problemas anteriores pone en riesgo la estabilidad política y con ello, también la sostenibilidad de crecimiento. Es decir, podemos entrar en un círculo perverso del cual es muy difícil de salir y la salida puede costar muy cara en muchos sentidos. La información del Censo debe servir para que el Gobierno que inicia su gestión revierta esta evolución negativa.