Las protestas en Bolivia, que llevan ya 5 días, se articulan alrededor de demandas de anulación de una “ley madre” y un grupo de “leyes malditas”, denominaciones que manejan los sectores movilizados al considerarlas contrarias a las libertades ciudadanas.
El canal de manifestación es el de un paro indefinido que comenzó el lunes y que aglutinó a comerciantes, transportistas, mineros, cívicos y opositores a través de estrategias como marchas, bloqueos y cabildos que pese a ser parciales fueron constantes.
El foco de la protesta es Santa Cruz, la mayor región opositora del país y motor económico de Bolivia, junto a ciudades como Potosí, Cochabamba, Sucre, Tarija, Oruro y La Paz en las que también ha actuado la Policía y las organizaciones sociales afines al Gobierno bajo la consigna de defensa de la circulación y de la economía.
“LEY HIJA” Y “LEY MADRE”. La punta del ovillo fue inicialmente la ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales, una ley específica observada por la oposición parlamentaria por otorgar poderes extraordinarios a varias instancias estatales casi a la par de la justicia. La que fue considerada “ley hija” fue señalada como un instrumento de persecución política y que inclusive restringía la evocación de reserva o secreto de fuente, por lo que también los gremios de prensa se manifestaron contra ese proyecto de ley.
El mes pasado el Gobierno decidió retirar el proyecto de ley del Parlamento admitiendo de que hubo fallas en la socialización y ausencias de información ante un temor infundado de grupos políticos que buscan eludir responsabilidades penales. Sin embargo, el Ejecutivo ya promulgó la “ley madre”, más genérica, de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo que da las bases para que entidades estatales, la Unidad de Investigaciones Financieras, o la Aduana soliciten información o apliquen multas.
“LEYES MALDITAS”. Como trasfondo están otro grupo de normas que el Parlamento boliviano, con la mayoría del gobernante Movimiento al Socialismo, aprobó en la finalización de la legislatura 2020-2021 como el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 y la Ley de Ascensos de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la más observada fue la primera a la que algunas gobernaciones y municipios consideran atentatoria contra el régimen autonómico porque pide que las regiones ajusten su planificación a lo que propone el nivel central gubernamental. Mientras que inicialmente la segunda daba la potestad al ministro de Defensa de intervenir en la definición de ascensos de militares, se busca que sea el Ejecutivo defina los detalles con una reglamentación.
