Roberto Augsten
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A 18 años del derrocamiento del ex dictador Alfredo Stroessner todavía no se conocen oficialmente todos los bienes que logró acumular durante sus largos 35 años de mandato. En la sucesión abierta a pedido de la Procuraduría General de la República, el extinto Stroessner solamente dejó una propiedad registrada a su nombre.
La finca está identificada como la número 185, del Distrito de Hernandarias y tiene 30 hectáreas. El inmueble fue adquirido en 1961, cuando Alfredo Stroessner tenía 49 años y compró la finca en 24.850 guaraníes.
El juez Hugo Morán, quien tiene a su cargo el pedido de sucesión, continúa rastreando ante la Dirección General de los Registros Públicos los bienes inmuebles que puedan eventualmente estar registrados a nombre de Stroessner. Se cree que todos sus bienes ya fueron transferidos en su totalidad a nombre de sus hijos. El magistrado solicitó ayer informe a dicha repartición si el ex presidente dejó más bienes a su nombre en Paraguay.
PENDIENTE
La Procuraduría solicitó que la Dirección General de Registros Públicos facilite la lista de los bienes inscriptos a nombre del ex dictador, de su esposa Eligia Mora, también fallecida, y de los hijos de la pareja, Graciela, Gustavo y del fallecido Alfredo (Freddy).
La Procuraduría también pidió que la Justicia paraguaya recabe informes de las autoridades judiciales de Brasil sobre la existencia de un juicio sucesorio y, en caso positivo, la remisión del listado de los bienes inscriptos a nombre del fallecido ex presidente y su esposa.
Asimismo, está pendiente de decisión si el juez Morán pedirá informes al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica y a tribunales suizos, sobre cuentas habilitadas a nombre de Stroessner y Eligia Mora.
El ex presidente de la República del Paraguay general Alfredo Stroessner gobernó nuestro país de 1954 a 1989 y logró su asilo en la República Federativa del Brasil. El ex mandatario falleció el 16 de agosto del 2006. En nuestro país existen más de una docena de acciones criminales por violación de derechos humanos, que quedaron sin efecto por su muerte.
Varios jueces llegaron a decretar la prisión contra de Alfredo Stroessner, pero nunca se consumaron. Incluso, se libró exhorto de extradición, pero el recurso fue rechazado por el Brasil.
“Ex dictador tenía una fortuna”
Martín Almada (foto) dice que lo que corresponde es la confiscación de la fortuna de Stroessner. Estima que: “La fortuna de Stroessner orilla unos 500 millones de dólares, distribuidos en cuentas secretas en Suiza o inscriptas a nombre de terceros, y de la empresa Sur Inmobiliaria, administrada por algunos de sus nietos”. Almada sostiene que parte de los bienes del ex hombre fuerte de Paraguay fueron transferidos a su nieto Alfredo “Goli” Stroessner. Almada logró el procesamiento y orden de detención nunca cumplida de Alfredo Stroessner por la muerte de su esposa Celestina Pérez de Almada.
El querellante, Almada, es activista de derechos humanos que recibió el premio Nóbel Alternativo del Parlamento de Suecia, por esfuerzos en favor del esclarecimiento de los crímenes de las dictaduras del Cono Sur en la década del setenta. En 1992, Almada hizo posible que la Justicia descubra dónde estaban depositadas unas cinco toneladas de archivos de los servicios secretos de Stroessner, conocidos ahora como los Archivos del Horror.
Indert informará
El pedido para la apertura de la sucesión de Stroessner se tramita ante el juez Hugo Morán. La solicitud fue hecha por el doctor Nelson Mora, procurador general de la República.
El juez Morán, antes de decidir sobre si corresponde o no tramitar la sucesión de Stroessner, pidió también informes al Instituto Nacional de Desarrollo, Indert. Se pretende que la citada institución informe sobre los bienes registrados a nombre de Alfredo Stroessner Matiauda. Existe la posibilidad de que el expediente quede archivado y la causa sin tramitarse.
Reclamos judiciales
* El procurador general Nelson Mora dice que el Estado paraguayo ha desembolsado unos 17 millones de dólares en los juicios promovidos por violación de los Derechos Humanos tanto en la justicia local como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
* Solamente en los juicios promovidos por los ex presos políticos Napoleón Ortigoza, Escolástico Osvaldo e Hilario Ortellado, existen sentencias judiciales que condenaron al Estado al pago de 7.000 millones de guaraníes.
* A nivel internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el Estado debe pagar un total de US$ 235.000 en concepto de resarcimiento por daño material a familiares de Agustín Goiburú, Carlos Mancuello y los hermanos Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba, disidentes políticos desaparecidos durante la dictadura.
* El fallo internacional de referencia obliga también al Estado al pago de otros US$ 653.000, en concepto de daños materiales, además de US$ 20.000 en concepto de costas, con lo que el total general correspondiente a las obligaciones derivadas de las condenas internacionales es de US$ 908.000.
Una acción rechazada
El juez Hugo Morán rechazó el pedido de apertura de sucesión promovida por Geraldo Osta Sarubbi, perseguido durante la época stronista, según denunció. El accionante es hijo de un ex militar que fue preso durante la dictadura. Se presentó como acreedor y reclama más de 6 mil millones de guaraníes como indemnización por daños y perjuicios.
El juez Morán entiende que Osta Sarubbi no ha demostrado ser titular de un crédito, puesto que a la fecha no ha concluido el juicio por indemnización de daños y perjuicios entablado contra Alfredo Stroessner.
Geraldo José Osta Sarubbi, hijo del fallecido capitán de Artillería (SR) Geraldo Osta Mendoza, dice ser acreedor del ex dictador. Le reclama la suma de G. 6.423.651.600, en concepto de indemnización por daños y perjuicios.
Los abogados Mario y Vasco Benítez, representantes de Osta, entienden que corresponde abrir la sucesión debido a que el causante poseía bienes muebles e inmuebles en el país.
Cita como herederos forzosos del ex presidente a sus hijos: Gustavo, Graciela y Alfredo Stroessner Mora, este último fallecido, pero con derecho de representación de sus descendientes.
Geraldo Osta Sarubbi también fue uno de los testigos ante la Comisión Verdad y Justicia, teniendo en cuenta que también fue detenido en Encarnación, por lo que tuvo que ir a vivir al Uruguay con su padre.