La Audiencia Nacional española, un tribunal de instancia superior que ha aceptado encargarse del caso, estima las valoraciones de la Fiscalía Anticorrupción española.
Según este informe, el modelo de negocio del banco asiático se dirigió a captar el efectivo de empresarios chinos que acudían a la sucursal en Madrid “portando en mochilas, bolsas y cajas las remesas de efectivos para transferirlas en un breve plazo de tiempo, a veces de inmediato, a China”.
Este “canal de blanqueo” habría sido puesto al servicio de diversas organizaciones criminales de ciudadanos chinos ubicadas en España.
El director general de la sucursal en Madrid, Wei Liu, su adjunta, Xiuzhen Wang, el director general del ICBC Europa, Liu Wang y los directivos Jing Wang Huang, Chen y Dayan Li, favorecieron, según el fiscal, ingentes transferencias entre 2011 y 2014 por importe de 90 millones de euros (102 millones de dólares).
Unos “masivos abonos” que el ICBC procuraba ocultar “troceando” las cantidades en importes inferiores a 50.000 euros (56.842 dólares al cambio), el umbral a partir del cual la ley española exige la declaración de bienes en el extranjero.
Anticorrupción señala además que la entidad, ocultó a las autoridades policiales y judiciales, de forma premeditada, información bancaria de 78 clientes investigados.
La detención de los directivos del ICBC en España se realizó el pasado febrero en una operación que contó con colaboración del grupo de inteligencia financiera de Europol.
El ICBC, que llegó a España en 2011, cuenta con 16.227 oficinas en China, y 203 sucursales y 1.562 agencias en el mundo, desde las que ofrece productos y servicios financieros a más de 4,12 millones de clientes corporativos y 259 millones de particulares.
