“Quien ayuda a los otros, cambia una historia”, dijo la primera dama en las que fueron sus primeras declaraciones públicas desde que su marido asumió el poder, el pasado 31 de agosto, después de la destitución de la ahora expresidenta Dilma Rousseff.
El acto fue casi una presentación en sociedad de Marcela Temer, una joven de 33 años que hasta ahora había mantenido un muy bajo perfil, y congregó en el Palacio presidencial de Planalto a casi todos los ministros y a decenas de diputados y senadores.
En su primer discurso, la esposa del presidente, 43 años menor que su marido, manifestó con voz muy suave y pausada su “felicidad por colaborar con causas sociales” en una tarea sobre la cual aclaró que será “voluntaria”.
La primera dama se propuso “sensibilizar a la sociedad” sobre la necesidad de atender a los niños en sus primeros tres años, “que son los más importantes” y en los que “empiezan a sentirse amados y así aprenden a amar”, apuntó.
“Los cuidados en la primera infancia ayudan a inhibir actitudes violentas en la adolescencia”, por lo que “este compromiso con el presente es para que el futuro sea más feliz”, declaró.
El mandatario, que asumió un discreto papel durante la ceremonia, dirigió unas breves palabras al auditorio, ante el cual destacó que “la presencia de Marcela” en ese programa, en un papel que calificó de “embajadora”, servirá para “crear conciencia” sobre la necesidad de mejorar la atención de los niños en la primera infancia.
El programa, bautizado como “Criança Feliz”, estará volcado a la atención de niños de hasta tres años, nacidos en las cerca de 14 millones de familias de las clases más bajas de la sociedad ya asistidas mediante otros planes de subsidios a los más pobres.
Para vigilar de cerca la situación de esos niños e identificar sus necesidades, serán contratados asistentes sociales, cuyo número deberá llegar a unos 80.000 el año próximo, que deberán visitar con regularidad los domicilios de cada uno de los chicos.
El proyecto que coordinará la primera dama nace con un presupuesto de 300 millones de reales (92 millones de dólares) y el compromiso del Gobierno de llegar a 2.000 millones de reales (615 millones de dólares) anuales en 2018.
