Hace precisamente hoy un año, un escrito de la ONIF, la Oficina española Antifraude -dependiente del Ministerio de Hacienda-, alertaba a la Fiscalía de irregularidades en el patrimonio de Rato e iniciaba un proceso que comenzó con su detención televisada, una imagen que dio la vuelta al mundo.
La ONIF hacía esta denuncia temprana, apenas 24 horas después de que el 14 de abril trascendiera que el exministro y exvicepresidente de Gobierno español (1996-2004), estaba siendo investigado por la unidad de inteligencia financiera española.
Rato, quien presidió la entidad financiera Bankia entre 2010 y 2012 y fue destituido cuando la entidad fue nacionalizada, podría haber blanqueado dinero tras acogerse a la amnistía fiscal española promulgada en 2012 junto a otros 30.000 contribuyentes, la mayoría empresarios y políticos de grandes fortunas familiares.
La opinión pública no pudo prever lo que pasaría la tarde del 16 de abril, cuando un agente del cuerpo de Aduanas español ayudaba a acceder al coche a un detenido Rato, un personaje al que muchos consideraron el “gran artífice” del milagro español.
El exministro español, que estuvo llamado a suceder a José María Aznar en la presidencia del Partido Popular, ha presentado varios recursos ante la Justicia sin éxito.
De hecho, el registro que se le realizó permitió la incautación de cientos de documentos ajenos a la acusación inicial, relacionados con los negocios del director generente del FMI (2004-2007) que, con el paso de los meses, fueron conformando la amplia lista delictiva confeccionada por la Fiscalía.
Así quedó en evidencia el complejo entramado societario del exdirector gerente del FMI.
Según Antifraude, Rato cometió hasta nueve delitos de fraude a través de la sociedad opaca Kradonara 2001, epicentro de su red; además de movimientos invisibles de divisas con Reino Unido, Gibraltar y Luxemburgo de casi 7 millones de euros.
El grueso de la acusación se centra en el triángulo Kradonara-Westcastle-Red Rose, donde Hacienda detecta cinco posibles delitos, ya que ni Rato ni ninguna de sus empresas tributaron los movimientos de divisa, generando un perjuicio al erario español de casi 4,4 millones de euros (4,9 millones de dólares al cambio actual).
Las miles de empresas vinculadas a este proceso han trabado la investigación tanto que, el pasado noviembre, el juez instructor urgió a la ONIF a entregar un informe definitivo sobre el caso Rato.
Cuando se cumple un año del inicio de la investigación, la celeridad inicial contrasta con la realidad de un caso que está enquistado por la inmensidad de cargos, investigados y documentación.
El caso ha tejido hasta ahora casi una veintena de imputaciones a personas y gigantes empresariales como Telefónica o Lazard.
Rato tiene otras dos causas pendientes con la justicia española, una por supuesta estafa y falsificación contable del banco Bankia, respectivamente, y un tercero por el escándalo de tarjetas opacas emitidas por esa entidad para sus directivos.
