La investigación interna que la Senavitat (hoy Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat) comenzó sobre el proyecto Luna Park de Ybycuí tendría resultados en unas dos semanas, según señaló el director de Asuntos Jurídicos de la institución, Juan Vicente Talavera.
El funcionario indicó que la dirección a su cargo ya solicitó todos los antecedentes del caso para analizar si hubo alguna irregularidad en el proceso de adjudicación.
En ese sentido, advirtió que este tipo de proyectos sociales, en los cuales el Estado subsidia prácticamente la totalidad del costo del terreno y las viviendas, están destinados a personas de pobreza extrema, por lo cual aquellas familias que cuentan con ingresos superiores al salario mínimo ya no podrían ser adjudicadas con casas.
Al respecto, Talavera mencionó que de comprobarse que los beneficiarios eran funcionarios públicos –por lo cual estarían automáticamente descalificados para este tipo de programas– o bien si tenían ingresos superiores al salario mínimo, el caso se remitirá al Ministerio Público. Esto debido a que se configuraría el delito de producción de documentos de contenido falso.
“Todos los pedidos están hechos bajo la fórmula de fe de juramento. Ese documento es un instrumento público”, explicó Talavera y añadió que la investigación interna deberá también identificar a los funcionarios de la entonces Senavitat, que estuvieron a cargo de la verificación de las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios de las viviendas.
El proyecto Luna Park se inició en el 2015, bajo la administración de Soledad Núñez en la secretaría estatal. Según registros oficiales, varias de las personas que fueron adjudicadas con viviendas ya eran funcionarios públicos con salarios ampliamente superiores al mínimo. Además, se trata de familiares y operadores del diputado Rivas, uno de los principales dirigentes del cartismo en Paraguarí.
De hecho, la residencia de Rivas y su pareja, la intendenta de Ybycuí, María del Carmen Benítez, está ubicada a metros del proyecto de la Senavitat.
IMPUTADO. El diputado Rivas está actualmente imputado por haber pagado con dinero del Estado a tres caseros. Los hizo figurar como funcionarios de la Cámara Baja a su cargo; sin embargo, estas personas –Reinaldo Chaparro, Nery Franco y Lucio Romero– no prestaron servicio a la Cámara. En realidad, trabajaban en la casa del legislador en Lambaré; en su negocio en Ybycuí y en su estancia en Mbuyapey.
