“El pago de APM es un paso de buena fe de los accionistas que busca generar confianza. La intervención sigue mientras el Juez de Extinción de Dominio así lo determine”, indicó Aizenstatd en un comunicado después de que la empresa hiciera esta semana este primer depósito.
Las cláusulas del Memorándum de Entendimiento firmado señalaban que en los primeros 15 días después de la rúbrica del documento, que se produjo el pasado 13 de septiembre, APM debía hacer este primer depósito, que estará disponible desde que el Congreso apruebe el acuerdo de concesión, que aún está pendiente de ser conocido por el pleno.
APM Terminals es dueña del 85 por ciento de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), que administra la terminal y las obras de ampliación del Puerto Quetzal, la mayor portuaria de Guatemala, mientras que el otro 15 por ciento es propiedad de la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Grupo Banco Mundial.
La ampliación del puerto, en el departamento sureño de Escuintla, se produjo a través de un usufructo entre TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), los que firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de unas 34 hectáreas.
Este es el eje de una trama de corrupción supuestamente liderada por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quienes exigían el pago de un soborno de unos 30 millones de dólares para la adjudicación del proyecto, de los que 24,5 estaban destinados a los socios locales (entre ellos los dos exfuncionarios), a unos socios argentinos y 500.000 dólares para gastos.
El interventor refirió que este pago de APM no interfiere con los procesos penales de las personas involucradas en este caso de corrupción ni tampoco con los procesos administrativos que se han implementado para garantizar la transparencia en las operaciones de la terminal.
“El proceso de saneamiento de las operaciones de TCQ es importante no solo por el potencial económico del puerto, clave para operaciones entre México y Panamá, sino porque es una oportunidad de acabar con negocios que por años se han mantenido en la impunidad vinculados a contrabando y otros tipos de corrupción”, proclamó Aizenstatd.
Este será reemplazado, a través de una iniciativa de ley, para permitir que EPQ pueda otorgar una concesión directa a TCQ, pero el Congreso de Guatemala, de quien dependía la aprobación final de todos estos puntos, aún no lo ha conocido en pleno.
IFC, miembro del Grupo Banco Mundial, es la mayor institución internacional de desarrollo dedicada al sector privado de los mercados emergentes y en 2014 y 2015 otorgó un crédito de 61,3 millones de dólares a TCQ, además de una inversión de capital adicional de 7,7 millones.
