La fiscala anticorrupción Yolanda Portillo retiró ayer de la Cámara de Diputados las planillas de asistencias originales de los tres caseros del diputado Tomás Rivas, que están imputados por figurar como funcionarios del Congreso, a pesar de no haber prestado servicio a la institución. En realidad, todos trabajaban en propiedades de Rivas, quien también está procesado en el caso.
Ante el pedido del Ministerio Público, el actual titular de la Cámara Baja y rival político de Rivas en Paraguarí, Miguel Cuevas, autorizó la entrega de los documentos. La intención de la Fiscalía es realizar una pericia a los documentos para determinar si las firmas de los caseros fueron realizadas con un mismo bolígrafo.
La presunción de los investigadores es que las planillas eran llenadas en un solo día por los caseros. Cada planilla fue certificada con la firma del propio diputado Rivas. Los caseros son Reinaldo Chaparro, Lucio Romero y Nery Franco. A pesar de figurar como funcionarios a cargo de Rivas, ellos trabajaban a tiempo completo en la residencia del legislador en Lambaré, una estancia familiar en Mbuyapey y su comercio en Ybycuí.
CON FUEROS. A pesar de estar imputado, el diputado Rivas aún no fue desaforado, por lo tanto, no puede someterse al proceso penal. La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja decidió postergar su dictamen sobre su desafuero hasta tanto se resuelva una apelación presentada por la defensa del parlamentario en contra de la providencia, por la cual el juez comunicó al Congreso la imputación.
Actualmente, la apelación del parlamentario debe ser estudiada por una Cámara de Apelaciones. Sin embargo, su defensa recusó a miembros del tribunal que deben estudiar su caso, por lo tanto, las recusaciones están siendo analizadas en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
La causa al parlamentario y sus caseros es por los delitos de cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
La imputación se basa en el registro de ubicación de llamadas entrantes y salientes de las líneas de telefonía celular que Chaparro, Romero y Franco declararon como suyas. El informe técnico señala que los caseros en ningún momento estuvieron en sus puestos laborales en la Cámara de Diputados, durante los días en los que Rivas participó en sesiones ordinarias y extraordinarias, entre julio del 2016 y marzo del 2017.
Por su parte, el legislador Rivas sostiene que es inocente y que es víctima de una persecución política. Si bien sostuvo que tiene manera de probar que Chaparro, Romero y Franco sí trabajaban en la Cámara, hasta ahora no presentó las supuestas evidencias.