Según informó el Ministerio Público, esta petición, realizada por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, se enmarca en la causa que investiga presuntas irregularidades en la firma Hotesur, una administradora de hoteles propiedad de la familia.
Para los representantes de la Fiscalía, “se encuentran reunidos los extremos” para dictar el embargo preventivo de los bienes inmuebles, muebles registrables y participaciones societarias en las empresas familiares Hotesur, Co.ma y Los Sauces.
“Que conformaran el acervo hereditario de Kirchner y el patrimonio ganancial que tenían el nombrado y su esposa y que hoy se encuentran dentro del patrimonio de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner”, añade la resolución fiscal.
Ya el pasado 3 de noviembre, la Cámara Federal confirmó el embargo dictado en julio pasado sobre 5,7 millones de dólares de cuentas y cajas de seguridad propiedad de Florencia.
Concretamente, el pasado julio, la Justicia dispuso el embargo sobre los 4,66 millones de dólares que contenían las cajas de seguridad de Florencia, así como 1,03 millones de dólares de una cuenta bancaria y 53.280 pesos (unos 3.500 dólares) de otra, un dinero que la joven dijo era producto de la herencia de su padre, que falleció en 2010, y de la cesión de gananciales que efectuó su madre.
Según surge del expediente sucesorio, el 16 de marzo pasado la exmandataria “cedió y transfirió todos los bienes, derechos, activos financieros y acciones que le correspondían en el acervo sucesorio, así como también su parte de los bienes gananciales -tanto los inscritos a su nombre como al de su esposo-, reservándose para sí únicamente el usufructo vitalicio de dos de ellos.
Por su parte, sus hijos ese mismo día, pero ante otro notario, aceptaron y agradecieron la donación realizada por su madre.
La Fiscalía determinó que Máximo y Florencia son los actuales titulares de los bienes de sus padres, que consiste en dinero en efectivo -el que en parte ya había sido cautelado en julio-, así como propiedades inmuebles en la provincia de Santa Cruz y en la Ciudad de Buenos Aires, un automóvil y participación en las tres empresas.
El caso Hotesur se abrió a raíz de una denuncia presentada en noviembre de 2014 por la diputada de centro izquierda Margarita Stolbizer, quien acusó a Fernández y a otros altos cargos del Gobierno de entonces de presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad en la gestión de la empresa.
La diputada aseguraba que el Hotel Alto Calafate, un establecimiento de lujo situado en la villa turística de El Calafate (sur) propiedad de Hotesur, podría ser un alojamiento “fantasma” usado en su momento por el matrimonio Kirchner para hacer supuestos negocios irregulares junto al empresario Lázaro Baez.
El expediente busca determinar si la pareja presidencial, así como sus hijos Florencia y Máximo, resultaron beneficiarios en forma “sistemática y coordinada” de los pagos que los empresarios adjudicatarios de obra pública “favorecidos” por el Estado “habrían realizado a favor de ellos”.
En esta causa todavía no se ha determinado si la expresidenta o sus hijos deben ser citados a declaración como investigados.
Además, la Justicia tramita otro expediente que investiga la empresa inmobiliaria Los Sauces, también participada por Fernández y sus hijos.
Esta surgió tras una denuncia presentada en abril pasado por Stolbizer contra la expresidenta y Máximo y Florencia, por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos relacionados con supuestos negocios irregulares con empresarios ligados a la obra pública.
