El pasado 4 de abril, el juez federal Claudio Bonadio procesó a, entre otros, la exmandataria, sus hijos, Máximo y Florencia, y los constructores Lázaro Báez y Cristóbal López.
A todos ellos les prohibió salir del país.
La acusación apunta a que pudo utilizarse la empresa Los Sauces, participada por los Kirchner y dedicada al alquiler de inmuebles, para recibir, mediante arrendamientos de esas propiedades, transferencias millonarias de Báez y López, que previamente habrían recibido adjudicaciones de obras con sobreprecios.
Bonadio acusa a Fernández, sobre quien ordenó un embargo por 130 millones de pesos (8,44 millones de dólares), de haber tomado parte en una “asociación ilícita” -que también denomina ‘banda'- en calidad de “jefe”, lo cual concurre “en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito” agravado por ser trabajador público y por “negociaciones incompatibles”.
En su apelación, presentada por escrito por uno de sus abogados ante la Cámara Federal, Fernández calificó el accionar del juez de “desconcertante” e “ilegítimo”.
En su resolución del 4 de abril, Bonadio, tras dictar y argumentar su decisión de procesar a un total de 21 personas, se declaró incompetente en la causa y la envió a su colega Julián Ercolini, a cargo de otras causas que afectan a la expresidenta.
“Resultaba claro que no era competente para entender en la causa”, narra la apelación, según publicó la agencia estatal de noticias, Télam.
En la línea de lo que ya había expresado en otras ocasiones, en su recurso, la expresidenta -que desde hace meses asegura que es víctima de una persecución política, mediática y judicial-, advirtió que llegará con sus apelaciones hasta tribunales internacionales ante la “inusitada gravedad del caso”.
“Todos los inmuebles que componen el patrimonio de Los Sauces S.A. se encuentran declarados ante los organismos de contralor pertinentes según la normativa contable vigente, siendo falsos todos los trascendidos periodísticos que pretenden poner en duda tal circunstancia”, añade la ex jefa de Estado en el escrito.
Además, agrega que el “origen lícito de los fondos con los que se adquirieron todas esas propiedades también se encuentra acreditado en la causa”.
