El anuncio generó críticas de todo tipo. Desde padres de familia y maestros hasta sectores de la prensa. Muchas de ellas justificadas y hasta lógicas de plantear, como la falta de capacidad y medios para cumplir cabalmente con las clases virtuales, sobre todo en las zonas rurales, con miles de familias que viven en la pobreza y extrema pobreza.
De hecho, los números, en este sentido, no son alentadores. Datos de la Encuesta Permanente de Hogares (2019) indican que el 81% de los niños y adolescentes de 5 a 17 años en edad escolar no cuentan con conexión a internet en las viviendas. Ocho de cada diez no tienen siquiera una computadora, asegura un informe del Observatorio Educativo Ciudadano, publicado recientemente en este diario (ÚH, 14/4/20).
Sin embargo, no hay otra salida en esta coyuntura mundial. Las clases a distancia son la única alternativa existente para seguir con el desarrollo del programa del año escolar.
Por ello, urge tomar en serio la educación, ahora más que nunca, y dar pasos que fueron suprimidos durante décadas por la corrupción política. Hoy es necesario apretar el acelerador y buscar alcanzar la mayor cantidad de objetivos posibles en este campo. Y para ello, hay que tener claro que esta emergencia no es solo sanitaria, sino también educativa; y, si se quiere, hasta más grave que aquella; pues, en la primera se avanza con una cuarentena y adquisición de insumos; sin embargo, la segunda no solo requiere de inversión material, sino, sobre todo, de la modificación de un chip de comportamiento y formas de trabajo mantenidas por años. Los docentes, entre ellos, adultos mayores, en apenas semanas están obligados a pasar del aula física a la virtual, sin preparación y en un 100% de las materias. Un desafío enorme, también para los alumnos que deben adaptarse.
Por tanto, así como se priorizan los recursos para Salud, de igual manera deben concentrarse los esfuerzos hacia Educación; un sistema incluso mucho más complejo que aquel.
Hablamos de unos 1.500.000 niños y jóvenes matriculados; alrededor de 80.000 docentes y 9.000 instituciones públicas y subvencionadas que son parte activa del escenario. A esto habrá que sumarles cerca de 20 organizaciones, gremios y sindicatos vinculados a trabajadores y estudiantes, además del alto grado de politización y prebendarismo que siempre caracterizó el funcionamiento del sector. No en vano nos encontramos con estas carencias.
El Gobierno, los parlamentarios y políticos en general deben tomar con seriedad las necesidades existentes en el sistema y apuntar a ese salto que se requiere para no dejar sin formación a la población en edad escolar. Debe ser una causa nacional. Es momento de invertir en educación y salud, recortando salarios y gastos superfluos del Estado.
Urge implementar una política de emergencia, con el apoyo del sector privado, que apunte a la conectividad de los hogares, sobre todo en zonas alejadas; facilite el acceso a teléfonos y computadoras, contrate a docentes de TIC y ejecute programas de capacitación de maestros, que les permitan sumarse a esta situación, para la que nadie estaba preparado, pero a la que debemos hacerle frente. El objetivo debe ser desarrollar todo lo que se pueda y de la mejor manera, hasta volver a las aulas; lo demás deberá reprogramarse.
No será descabellado darle un giro a la utilización de los 1.600 millones de dólares aprobados por la emergencia del coronavirus, para destinarlos en mayor porcentaje a las emergencias de Educación. Es un tema vital para el país, y un derecho de millones de niños y jóvenes.
