Además de un alza de hasta 20% de los aranceles para todos los productos importados, el ex mandatario que se convertirá nuevamente en presidente en enero, apunta específicamente a China, con impuestos de 60% al ingreso de sus mercaderías a EEUU.
Las leyes estadounidenses permiten al presidente establecer aranceles por decreto, como lo hizo Trump varias veces durante su primer mandato (2017-2021), por ejemplo sobre el acero y el aluminio provenientes de China y Europa.
El actual presidente demócrata Joe Biden también lo hizo con algunos productos chinos.
Trump tiene un margen adicional de maniobra: Podría tener mayoría absoluta en la Cámara de Representantes, además de en el Senado, en un Congreso con prerrogativas en materia comercial.
“Si se aplican aranceles aduaneros de forma indiscriminada, hacia aliados y competidores, puede ser un problema”, considera Jeffrey Schott, del centro de estudios Peterson Institute for International Economics.
Esa decisión iría “contra obligaciones en la OMC (Organización Mundial del Comercio) o contra acuerdos de libre comercio, y provocaría, como en el pasado, represalias” de parte de los afectados, explicó a la AFP.
De hecho, China advirtió –la semana anterior– que “no habría ganadores en una guerra comercial”.
“Por principio, me gustaría reiterar que no habría ganadores en una guerra comercial, que además no favorecería al mundo”, declaró la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning.
Durante el primer mandato de Trump, los aranceles aplicados a productos chinos y europeos generaron retaliaciones de Pekín y Bruselas. Pero de un lado y de otro, fueron respuestas que buscaron ser proporcionales.
Es difícil imaginar, en cambio, cuál sería el impacto de un alza generalizada de impuestos aduaneros.
En principio, la OMC debe asegurarse de que las condiciones de acceso a los mercados sean equivalentes para los Estados parte, y reducir progresivamente los obstáculos al libre comercio.
La OMC dispone de un órgano de arreglo de controversias delante del cual un Estado puede presentar un recurso. Pero el sistema “está roto”, lamenta Schott.
La simple aplicación de aranceles a todos los productos que ingresen a EEUU tendrá un costo, alertó la Tax Foundation, que estimó en 525.000 millones de dólares anuales el incremento del gasto que caerá sobre las espaldas de los consumidores estadounidenses de producirse esta medida anunciada por Trump.
Las empresas dependen de la importación de mercaderías para “poder ofrecer a sus clientes una gama de productos a precios razonables”, explicó a la AFP Jonathan Gold, vicepresidente de la NRF, la federación nacional de comercio minorista.
Para este experto, los aranceles provendrán, “al final, de los bolsillos de los consumidores en forma de aumento de precios”. Según la Tax Foundation, una medida de este tenor costaría también 0,8 puntos porcentuales al PIB y destruiría 684.000 empleos.
Durante su primer mandato, Trump utilizó los aranceles para disponer de una ventaja para imponer nuevas negociaciones con diferentes socios comerciales. El ex mandatario siempre se presentó como un experto en acuerdos y su objetivo era conseguirlos.
Así, logró un acuerdo comercial con China que, en teoría, apuntaba a equilibrar la balanza comercial entre las dos mayores economías mundiales, a cambio de levantar progresivamente los aranceles establecidos.
Ahora, de cara a su segundo mandato, Trump plantea los aranceles como una alternativa para fondear un recorte de impuestos adicional que quiere implementar para los estadounidenses. De lograrlo, podría tratarse de una medida de larga duración que podría aumentar la fragmentación de la economía mundial que teme el FMI, esto es, en pocas palabras, una reducción de libre comercio.