Como cualquier política pública, la diplomacia cuesta dinero público. Su legitimidad depende de las oportunidades que abre para el país, no del éxito de una empresa. El caso ueno obliga a preguntar quién recibe el respaldo diplomático y quién responde cuando se compromete la confianza internacional que Paraguay viene construyendo desde el inicio de este siglo.
En setiembre de 2024, itti, la empresa tecnológica del Grupo Vázquez, controlador de ueno, alcanzó un acuerdo con la israelí Corsight AI, especializada en inteligencia facial, que le permitió ofrecer reconocimiento facial a clientes públicos y privados. Un documento incautado esta semana a Miguel Vázquez describía proyectos con dos empresas israelíes: Septier, especializada en tecnologías de inteligencia, para que la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) interceptara comunicaciones; y Elbit Systems, el mayor proveedor militar de Israel, para las telecomunicaciones del Ejército. Legisladores denunciaron un presunto direccionamiento hacia itti y Septier en la compra de equipos de vigilancia mediante el Parque Tecnológico Itaipú. ¿Qué garantías protegen el interés público cuando la cooperación entre Estados en materia de seguridad abre oportunidades comerciales para empresas privadas?
En octubre de 2025, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) adjudicó licencias para operar redes 5G a Nubicom Paraguay, empresa dirigida por integrantes del Grupo Vázquez, cuyos directivos tienen vínculos con ueno. El pliego establecía condiciones que excluían de hecho a proveedores chinos, principal origen de los equipos de nuestra red 4G, con posibles implicancias en el costo de los servicios ofrecidos. El Gobierno también participó en conversaciones con Nokia, luego anunciada como aliada tecnológica de Nubicom. Ante esta convergencia entre geopolítica, regulación y oportunidades privadas, el Gobierno debería explicar cómo protegió la competencia.
El 9 de diciembre de 2025, Santiago Peña se reunió en Budapest con Viktor Orbán, entonces primer ministro húngaro, quien reivindicó su gobierno conservador y ofreció explorar apoyos a los programas económicos paraguayos. Dos semanas después, ueno anunció la incorporación de OTP Bank, el principal banco comercial de Hungría, a su estructura accionaria. La cercanía de las fechas justifica preguntar qué gestiones hubo.
El 10 de febrero de 2026, ueno figuró entre los patrocinadores de categoría Diamond de la Hispanic Prosperity Gala, celebrada en Mar-a-Lago y vinculada a los valores conservadores y a Trump. Ese patrocinio permite hablar de una apuesta por la visibilidad y las conexiones en una red política internacional concreta.
El 26 de febrero, el banco lanzó en Wall Street una oferta de bonos que concluyó el 6 de marzo: USD 350 millones en notas sénior no garantizadas, con un cupón del 6,7% y vencimiento en 2031, colocadas por Bank of America y J.P. Morgan. Fue la primera emisión internacional de ueno y la mayor realizada por un banco paraguayo. Con la resolución del banco, se configuraron las causales de incumplimiento previstas en el bono. Los tenedores podrían, además, explorar una demanda por fraude bursátil en EEUU.
La diplomacia pública construye reputación: presenta al país como socio confiable y vuelve visibles ciertas oportunidades. Una visita presidencial puede trasladar parte de esa credibilidad a las empresas que acompaña. Ese respaldo tiene valor comercial. La afinidad ideológica puede abrir puertas, pero no convierte automáticamente un negocio privado en interés nacional.
No obstante, el daño privado puede erosionar la credibilidad pública. El 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el procedimiento de resolución de ueno por insuficiencia de solvencia, aunque lo calificó como un caso puntual, no generalizado.
La reputación de buena gestión y desempeño macroeconómico constituye una de las principales credenciales internacionales del Paraguay. Agencias calificadoras como S&P y Moody’s destacan su historial de políticas prudentes, aunque siempre han advertido sobre sus desafíos institucionales. La solvencia bancaria y la soberana no son equivalentes. La crisis encuentra en Paraguay a una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de la Consulta del Artículo IV, con foco en los sectores financiero y fiscal. Los funcionarios del Fondo están observando in situ la respuesta del Estado. Una respuesta transparente y técnicamente independiente podría contener el daño potencial a la calificación soberana.
Defender la diplomacia económica exige ponerle reglas. La Presidencia y la Cancillería deberían publicar quién solicita acompañamiento, cómo seleccionan a las empresas y qué gestiones realizan. Corresponde evaluar los beneficios para el país: atraer capital no basta si desconocemos a quién llega el crédito y en qué condiciones. También deben esclarecerse las decisiones regulatorias y evitarse que las pérdidas privadas se trasladen injustificadamente a la ciudadanía. No hace falta probar un delito para exigir explicaciones sobre decisiones públicas. Paraguay necesita una diplomacia capaz de abrir mercados y oportunidades de financiamiento sin convertirse en oficina de relaciones públicas de ningún grupo.