El informe de la cartera fiscal indica que, de ese total, G. 1,68 billones corresponden a obligaciones que deben ser canceladas con recursos provenientes del cobro de impuestos, lo que se conoce como Fuente 10.
Con fondos obtenidos mediante préstamos o bonos del Tesoro, Fuente 20, están pendientes de pago G. 1,32 billones; mientras que los restantes de G. 414.959 millones deben ser abonados con dinero proveniente principalmente del cobro de tasas, conocido como Fuente 30.
La deuda flotante del Estado está compuesta por cuentas con contratistas y proveedores de bienes y servicios, además de transferencias corrientes y pagos por bonificaciones y horas extras, entre otros. Estos compromisos deben ser cubiertos a más tardar el último día del mes de febrero (ver la infografía).
VARIACIÓN. El pasivo pendiente de pago al cierre del año pasado registra un crecimiento de G. 973.706 millones (USD 141,1 millones) frente al 2019. En términos porcentuales, la diferencia es del 39,7%.
El viceministro de Administración Financiera, Marco Elizeche, explicó que este aumento se da principalmente por la mayor cantidad de recursos destinados a las obras públicas para fomentar la reactivación de la economía. Esto hizo que, prosiguió, se tenga una variación del 197,6% en las obligaciones que deben ser canceladas con créditos.
“El crecimiento se da más que nada por la ejecución de las obras. Este año se le dio muchos más recursos para fomentar la recuperación, y gran parte de eso se ejecutó en diciembre. Pero no es un problema de fondos, porque estos son préstamos ya disponibles que se van soltando según la ejecución”, expresó.
Adelanto. El subsecretario de Estado informó, además, que están a la espera el decreto presidencial para pedir nuevamente un préstamo de corto plazo al Banco Central del Paraguay (BCP).
Adelantó que el monto estaría entre los G. 500.000 y los G. 700.000 millones, dependiendo del comportamiento de las recaudaciones. Este dinero se utilizaría para cubrir la deuda con Fuente 10.
El crédito que otorga la banca matriz es una herramienta que usa cada año el Tesoro para pagar las deudas más urgentes y disponer de recursos tributarios para cumplir con los pagos de salarios y otros que hacen al funcionamiento público, ya que enero y febrero son meses donde normalmente la recaudación de impuestos se desacelera.