Saca, sus exsecretarios Privado, de Comunicaciones y de Juventud, Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente, afrontan una audiencia inicial en el Juzgado Cuarto de Paz por los delitos de peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero cometidos al supuestamente malversar 246 millones de dólares.
A ellos se suman Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera, “colaboradores directos del expresidente Elías Antonio Saca”, aún empleados de la Presidencia y arrestados el domingo.
Los abogados basaron sus alegatos, al inicio del segundo día de audiencia, en que la Fiscalía no ha presentado pruebas de los delitos imputados y de que puedan escapar para tratar de “evadir la justicia”.
Los “acusados son chivos expiatorios porque la Fiscalía quiere satanizar el uso de cuentas reservadas”, aseguró la defensora Tania Pastor.
Alegó que el uso “discrecional” de los fondos “cuestionados” se debe a que estaban destinados a la “seguridad del Estado”.
Por otra parte, el defensor Mauricio Velázquez señaló que las condiciones de los calabozos y prisiones en El Salvador no presentan las condiciones “humanas” requeridas para sus defendidos y que enviarlos a estas equivale a una “pena adelantada”.
La Fiscalía ha pedido a la jueza Nelly Pozas que envíe a prisión a los imputados, mientras se realiza una investigación judicial durante 6 meses.
Según el fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, estas personas operaban una estructura al interior de la Presidencia que movió los 246 millones de dólares a 14 cuentas personales de Charlaix, Rodríguez y Gómez, de las que posteriormente retiraron 116 millones de dólares “en efectivo”, de los que lavaron 6 millones.
De ser enviados a un juicio y ser declarados culpables, los acusados podrían recibir hasta las penas máximas de cárcel de 12 años por peculado, 18 años por agrupaciones ilícitas y 15 por el delito de lavado de dinero.
Saca, que gobernó bajo la bandera de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), del que fue expulsado en 2010, es el segundo expresidente salvadoreño de derecha llevado ante la Justicia por delitos de corrupción.
El fallecido Francisco Flores (1999-2004) afrontó un proceso penal por supuestamente malversar 15 millones de dólares de donaciones taiwanesas destinados a la atención de las víctimas de dos terremotos que asolaron el país en 2001.
