A los prolongados conflictos armados internos en activo (en algunos casos desde hace años o décadas) en distintas partes del mundo, como la República Democrática del Congo, Yemen o Birmania, entre otros, se suman ahora a nuevos conflictos a gran escala.
Algunos son internos, como el de Sudán, que en un año y medio se ha convertido en la mayor crisis humanitaria por el número de civiles necesitados de ayuda humanitaria (25 millones); y otros internacionales, como el que enfrenta a Rusia y Ucrania y, más recientemente, los de Gaza, Líbano, mientras que en Siria ha surgido la esperanza del fin de una guerra civil que estalló en 2011 tras la caída del brutal régimen de Bachar al-Ásad.
Tras la Segunda Guerra Mundial, la comunidad de países se dijo “nunca más” y elaboró una declaración de derechos básicos como complemento a la Carta fundacional de Naciones Unidas, que había nacido en 1945 como supuesto garante de la paz internacional.
El reconocimiento de su importancia es general: “Un texto muy completo y milagroso”, según el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk; mientras que los defensores de los derechos humanos reconocen su impacto transformador en personas y comunidades, ya que a partir de este texto se han desarrollado leyes y políticas nacionales en todo el mundo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos ha sido además la base para el desarrollo de una serie de normas internacionales de protección de diversos tipos de derechos humanos, entre los cuales los pactos sobre los derechos civiles y políticos, por un lado; y el de derechos sociales, económicos y culturales, del otro; son los pilares centrales.
En torno a ellos se negociaron y adoptaron en las últimas décadas varias convenciones más específicas, como las que defienden los derechos de las mujeres, de los niños, los pueblos indígenas, los trabajadores migrantes, los discapacitados y los que buscan prevenir crímenes internacionales como la tortura.
La Convención Internacional sobre la Tortura también está de aniversario este 10 de diciembre, día en que se cumplen cuarenta años de una prohibición explícita y absoluta de actos de tortura o de castigos que puedan considerarse crueles, inhumanos o degradantes, los que pueden ocurrir en un interrogatorio, una detención, pero también como resultado de una deportación a un país donde existe este riesgo.
“Una persona víctima de tortura, que puede ser cualquiera, es alguien que sufre en manos de algún agente estatal, de alguien que actúa con el silencio o el consentimiento de agentes públicos, y el conocimiento del Estado”, explicó Maros Matiasko, de la oenegé Foro para los Derechos Humanos, una plataforma que promueve el diálogo y la cooperación internacional en este ámbito.
Ante la multiplicación de los conflictos armados y la restricciones del espacio civil en el que los ciudadanos puedan reclamar el respeto de sus derechos, debe reconocerse que el riesgo de que se produzcan actos de tortura y que queden impunes ha aumentado, opina la secretaria general adjunta de la Organización Mundial contra la Tortura, Carin Benniger.
El respeto de la prohibición total de la tortura es monitoreado por el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, que vigila la actitud de los Estados, pero también tiene competencias para recibir y emitir opiniones legales ante denuncias individuales.
Fuente: EFE
