Cuando el pasado 24 de julio los medios de comunicación daban a conocer la renuncia del entonces presidente de la ANDE, Pedro Ferreira, nadie se imaginaba que aquello marcaría el inicio de la más grave crisis política y diplomática del gobierno de Mario Abdo Benítez.
Desde entonces, las renuncias forzadas de los altos funcionarios, las sospechas de oscuras negociaciones y el ambiente de crispación e indignación ciudadanas han enturbiado notablemente el aire del Palacio de López.
Con el acta firmada en secreto y que claramente perjudica los intereses de nuestra nación, como lo denuncian los técnicos de la ANDE, “Marito de la gente” ha servido en bandeja su cargo. Una torpeza inexplicable. Un error llamativo y con consecuencias inevitables.
Al cierre de este artículo, los partidos prácticamente ya tienen los votos para un juicio político, y para más angustia del titular del Ejecutivo, con su suerte –y también la de su vice, Hugo Velázquez–, dependiendo nada menos que de los parlamentarios que responden a su archienemigo político, Horacio Cartes.
Aunque es triste reconocerlo, ante la opinión pública internacional, Paraguay se está mostrando como altamente inestable, con autoridades y gobernantes ineptos y mediocres; en pocas palabras, un país poco serio. Esto no es un juego secundario.
En el concierto internacional una negociación de este nivel no se toma a la ligera. Es inadmisible no prestar atención a cada mínimo detalle de lo que se acuerda; es gravísimo prescindir de los técnicos para priorizar lo político, más aún frente a una potencia diplomática como es Brasil.
Paraguay necesita ser un país serio; desde las responsabilidades más gravitantes, hasta el último control fronterizo que se conoce. Está claro que la seriedad es indispensable en toda política de gobierno. Y si vamos un poco más al fondo o queremos ser más exigentes, como dice el filósofo español Emilio Lledó, “a la política deberían dedicarse solo las personas honradas“.
En un país serio es inaceptable que un joven abogado de 27 años, simplemente nombrando al presidente y vicepresidente de la República, pero supuestamente sin autorización de los mismos, haya logrado intervenir y hasta modificar un memorándum de negociación internacional.
En una nación administrada con seriedad, los altos cargos, asesoramientos y demás son asumidos por personas idóneas, con formación y capacidad, y no simplemente por ser amigos del movimiento o partido político del presidente de turno. A la larga, frente a profesionales de notable trayectoria y formación se termina haciendo el ridículo.
Y tampoco los parlamentarios buscan desprestigiar al técnico que hizo la denuncia o reclamo, como forma de desviar la atención, sino que las fuerzas están centradas en develar la verdad del hecho, del porqué ocurrieron y quiénes son sus responsables. Si hubo errores, negligencia o turbias negociaciones, deben salir a luz; tiene que ser la prioridad “caiga quien caiga”, como dice la popular frase incluso utilizada por Mario Abdo en la víspera en torno a las pesquisas del caso.
En un país en serio, las instituciones funcionan con responsabilidad e independencia. Por ello es positivo que el Ministerio Público haya conformado un equipo de agentes para investigar si hubo lesión de confianza y traición a la patria en el marco de la firma del acta sobre Itaipú. Y es de esperar que actúe sin interferencias.
Y en un país en serio el juicio político a su máxima autoridad tampoco se maneja con ligereza o es motivado por intereses mezquinos, sino tratado con responsabilidad.
El presidente está “afligido” por la crisis desatada, reconoció ayer su entorno. Y tiene motivos para ello. Pero, más allá de la grave crisis, debería también estarlo porque las evidencias revelan que desde las altas esferas de su gobierno las decisiones y el manejo de la cosa pública, en muchos casos, se ejecutaron con la ligereza de un país endeble, sin personalidad ni políticas claras, y hasta con sesgos de corrupción.
