LA HAYA
La Corte Penal Internacional (CPI), creada hace un cuarto de siglo con la ambición de que ni presidentes ni señores de la guerra quedaran fuera del alcance de la Justicia, ha sido sancionada el pasado viernes como “institución” por Estados Unidos, lo que deja su futuro y su funcionamiento en el aire, tras las amenazas que también recibe desde Rusia.
El tribunal, con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya, investiga crímenes desde Ucrania hasta Palestina y Afganistán, tiene órdenes de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y prepara el juicio contra el ex presidente filipino Rodrigo Duterte.
Pero, mientras trataba de esquivar medidas impuestas por Washington a 17 de sus funcionarios, EEUU anunció el pasado viernes sanciones a la “institución” al completo.
Estas sanciones han llegado tan solo unas horas después de que la magistrada sudafricana Navi Pillay, ex jueza de la CPI, fuera premiada con el Nobel de la Paz, un galardón codiciado por el presidente estadounidense Donald Trump y para el que también había sonado la propia Corte.
ESTATUTO DE ROMA. La CPI nació del Estatuto de Roma, en vigor desde 2002, como primer tribunal penal internacional permanente. A diferencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU, que resuelve disputas entre países, la CPI juzga a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión. Sus 125 países miembros se comprometieron a cooperar con ella cuando los sistemas judiciales nacionales no quieran o no puedan investigar esos crímenes.
Durante sus primeros años, prácticamente toda su actividad se concentró en África, con casos en Uganda, República Democrática del Congo, Sudán, Kenia, Malí o República Centroafricana, algo que alimentó durante años acusaciones de “doble rasero”.
De aquella etapa salieron precedentes históricos: Thomas Lubanga fue condenado en 2012 por reclutar niños soldados en Congo, mientras que la orden de arresto de 2009 contra el entonces presidente sudanés Omar al Bashir por crímenes en Darfur demostró la voluntad de la Corte de perseguir incluso a un jefe de Estado en ejercicio.
DISPUTAS GEOPOLÍTICAS. La última década llevó a la CPI al centro de las disputas geopolíticas, especialmente cuando en 2023 ordenó detener a Putin por deportación ilegal de niños ucranianos; y un año después hizo lo mismo con Netanyahu y su ex ministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.
La Corte puede investigar crímenes cometidos en territorio palestino porque Palestina es parte del Estatuto, pero EEUU e Israel, que no son miembros, rechazan su jurisdicción sobre ciudadanos israelíes.
Además, la CPI confirmó en abril tres cargos de crímenes de lesa humanidad contra Duterte, arrestado en marzo de 2025, por asesinatos y tentativas de asesinato durante su “guerra contra las drogas”. Su juicio comenzará en noviembre.
SANCIONES DE EEUU. Trump firmó en febrero de 2025 una orden ejecutiva que abrió la puerta a sancionar responsables de la CPI que participarán en investigaciones o procesos contra ciudadanos estadounidenses o de países aliados, y señaló expresamente las órdenes contra Netanyahu y Gallant.
El secretario de Estado, Marco Rubio, mostró su determinación de continuar la campaña para “desmantelar la CPI ladrillo a ladrillo” y se “prohibirán las transacciones con este tribunal ilegítimo, cortando sus recursos y paralizando su capacidad para actuar en nuestra contra”.
Las sanciones pueden bloquear cuentas bancarias y transacciones, pero también dificultar el acceso a seguros, servicios informáticos, almacenamiento en la nube, correos y otros servicios dados por empresas estadounidenses o expuestas al sistema financiero de EEUU.
