La comunicadora comentó que las fiscalas Claudia Morys y Josefina Aghemo realizaron preguntas que no aportaban nada en la investigación, por lo que tuvo que ampararse en el artículo 29 de la Constitución Nacional, que establece que “el ejercicio del periodismo, en cualquiera de sus formas, es libre y no está sujeto a autorización previa”.
Al respecto, la máxima autoridad del Ministerio Público indicó que las actuaciones de los agentes fiscales están dotadas de autonomía en el marco de las investigaciones en el ejercicio de la representación de la ciudadanía ante los órganos jurisdiccionales, pero debiendo ajustar siempre sus actuaciones en el marco de los derechos y garantías consagrados en la Carta Magna.
También resalta el comunicado que la Fiscalía General reconoce la libertad de expresión como un derecho de carácter institucional, que constituye un pilar importante de la democracia y la libertad de prensa y se reconoce como un derecho humano fundamental.
En ese sentido, solicitaron los informes que hacen al caso, para luego remitir a la unidad de Control de Gestión para su análisis y evaluación.
“La ciudadanía puede tener la seguridad de que la Fiscalía General seguirá bregando por instalar los procesos que sean necesarios, a fin de reencauzar la institucionalidad y devolver al Ministerio Público la esencia de su misión principal”, finaliza el comunicado.
auditoría de la Corte. Por otra parte, la ministra de la máxima instancia judicial, Alicia Pucheta, informó que ordenaron realizar una auditoría sobre el desempeño de jueces y juezas que tomaron intervención en el proceso penal mencionado, debido a una supuesta situación de amendrentamiento.
Rehnfeldt, por su parte, ratificó en Monumental 1080AM que eliminó los audios de las conversaciones en bruto debido a que existía la amenaza de allanamiento por parte de la Fiscalía y que de esa manera estaba en riesgo llegar a su fuente.