Estuvo integrada por los ministros Antonio Fretes, Luis María Benítez Riera, Eugenio Jiménez Rolón y Manuel Dejesús Ramírez Candia.
Jiménez señaló que no encontró fundamentos constitucionales y legales para la existencia del CAJ.
Ramírez Candia refirió que el CAJ debe ser suprimido porque es inconstitucional.
Dijo que era un órgano burocrático que dirigía seis direcciones. Incluso, ganaban más que un juez.
Por su parte, Diésel se sumó a la postura. Asimismo Fretes votó por la supresión, pero que había que hacer una reingeniería con los consejeros.
Bareiro votó también por lo mismo y en el mismo sentido lo hizo Llanes.
Benítez Riera votó por que no se supriman las funciones de control. Por último, el presidente Alberto Martínez también votó por la supresión. Los comisionados volverán a sus puestos y el Consejo de Superintendencia verá qué hacer con los demás funcionarios y consejeros.