La Corte destrabó el caso del ex diputado de Patria Querida Carlos María Soler, enjuiciado por presunto cohecho pasivo agravado. Esto, al rechazar una excepción de inconstitucionalidad que se promovió en pleno juicio oral y público. Los jueces ya podrán dictar un veredicto.
La Sala Constitucional, integrada por los ministros Antonio Fretes, César Diesel y Víctor Ríos, rechazó la petición del acusado ex legislador, que promovió la excepción a través de su abogado Rubén Galeano.
La excepción fue promovida en contra de la advertencia realizada por el Tribunal de Sentencia en virtud del artículo 400 del Código Procesal Penal.
En el juicio oral, las juezas Elsa García, Claudia Criscioni y Yolanda Morel, le realizaron la advertencia para que prepare su defensa por tráfico de influencias, mientras que al acusado Enrique Gómez de la Fuente, para el delito de extorsión.
Dice la defensa que todo el proceso investigativo se desarrolló por otros tipos penales, por lo que fue objeto de una imputación, indagatoria, acusación y auto de apertura, por lo que al cambiar los hechos punibles viola el debido proceso y la defensa en juicio.
Por su parte, Álvaro Arias, en representación de Gómez de la Fuente, que se adhirió al pedido, sostuvo que la excepción no va dirigida a la potestad del Tribunal de advertir del cambio de calificación, sino contra la violación del derecho a ejercer la defensa, ya que con la advertencia en pleno juicio, luego de la producción de pruebas, no puede preparar su defensa.
RECHAZO. La Fiscalía General, a través de la adjunto Gilda Villalba, requirió el rechazo de la excepción, por no cumplir con los requisitos.
Los tres ministros coinciden en que la excepción fue planteada contra una resolución judicial, y no contra una ley u otro instrumento normativo que viola alguna norma, derecho, garantía, obligación o principio consagrado en la Constitución, por lo que rechazaron el pedido.
Ahora, el tribunal puede dictar sentencia en el caso.
El ex diputado Carlos Soler fue acusado por un hecho donde supuestamente en su rol de asesor jurídico del Indert solicitó USD 20.000 a una persona para adjudicarse tierras en el Chaco.
En el caso, también está pendiente una acción de inconstitucionalidad contra la elevación del caso a juicio oral.
