El nuevo contralor general de la República, Camilo Benítez, quien asumió este jueves tras la aprobación de la renuncia de Enrique García por parte de los diputados, sostuvo que la Corte Suprema de Justicia debe definir la facultad de la Contraloría para poder entregar las declaraciones juradas (DDJJ) de bienes de las autoridades públicas, sobre todo, de parlamentarios, magistrados y todos los funcionarios de la administración pública.
“Sería importante que la Corte pueda resolver si la Contraloría tiene la facultad de liberar esa información o no. Jurídicamente me parece que hoy es inviable entregar esa información. Sería importantísimo que se pueda resolver si la Contraloría tiene la facultad de dar o no esa información”, subrayó.
Este es justamente el punto por el cual fue duramente objetado el ex contralor Enrique García, quien siempre que tenía los micrófonos a mano decía que la máxima autoridad del Poder Judicial no le permitía hacer pública las declaraciones de bienes de los funcionarios públicos, a pesar de la existencia de la ley taxativa sobre el punto.
Hoy Benítez prácticamente no se diferencia de García en este aspecto.