El presidente de la CIDH, James Cavallaro, expuso hoy en una visita a Costa Rica los detalles de la crisis financiera de la institución y abogó por un mayor compromiso de los Estados para solucionarla.
“Debemos buscar una solución permanente. Lo ideal sería que la Comisión cuente con el apoyo necesario del Fondo Regular de la OEA para poder cumplir con el mandato nuestro que, enfatizo, nos ha sido dado por los propios Estados”, expresó el representante de la CIDH.
Cavallaro explicó que el presupuesto anual de la CIDH, que ronda los 10 millones de dólares, proviene en un 50 % del Fondo Regular de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la otra mitad de contribuciones voluntarias de los Estados, principalmente de países observadores de Europa.
El aporte del fondo la OEA equivale al 6 % del presupuesto anual de esa organización.
“Si en lugar del 6 % recibiéramos el 12 % o el 15 %, por ejemplo, tendríamos los 10 o 12 millones de dólares que necesitamos para cumplir con nuestras obligaciones”, manifestó Cavallaro.
El presidente de la CIDH explicó que la crisis financiera de la entidad durante el 2016 se debe a que las contribuciones voluntarias de países europeos y latinoamericanos han disminuido considerablemente.
Los europeos se justificaron diciendo que han debido invertir dinero en crisis que se han desatado en ese continente, especialmente migratorias, dijo Cavallaro.
En mayo pasado la plana mayor de la CIDH y sus 77 trabajadores, en una movilización sin precedentes, pidieron a los 34 Estados miembros de la OEA que asuman su responsabilidad con la defensa de los derechos humanos y corrijan la anomalía de los últimos años, en los que el organismo ha sobrevivido gracias a los fondos voluntarios de países europeos.
“Decidimos hacer pública la crisis porque llegamos a un punto extremo en el cual, si no conseguíamos apoyo, el 31 de julio íbamos a tener que terminar el contrato de 30 de nuestros 77 funcionarios, es decir 40 % de nuestro equipo”, relató Cavallaro.
A partir de entonces, la CIDH logró captar algunas contribuciones voluntarias de los Estados y logró renovar por varios meses los contratos de sus trabajadores, pero los fondos son insuficientes para cumplir con todas sus funciones, por ejemplo, el segundo periodo de audiencias del año, programado para octubre, no se podrá llevar a cabo.
“No vamos a tener audiencias en octubre. Si obtenemos algunas contribuciones adicionales sí tendremos condiciones de celebrar audiencias en la última semana de noviembre”, declaró Cavallaro.
En estas audiencias, que es un paso previo a un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH ve casos de violaciones a los derechos humanos en los países latinoamericanos y caribeños, escucha a las partes y suele dictar medidas cautelares a los Estados.
Cavallaro señaló que los países latinoamericanos y caribeños aportan 13,7 millones de dólares anuales a la Corte Penal Internacional, mientras sus contribuciones voluntarias a la CIDH no llegaron a 200.000 dólares en el último año.
“La Corte Penal Internacional es una institución importante, no cuestionó la legitimidad de las donaciones, pero es interesante que se trata de una institución que no está procesando ningún caso en este hemisferio y nosotros en la Comisión estamos procesando miles de asuntos”, afirmó.
Cavallaro destacó que hay algunas alternativas para los países que quieran contribuir más, como es el caso de un convenio que negocia con Costa Rica para que trabajadores de la Defensoría de los Habitantes sean “prestados” a la CIDH para que trabajen allí por un año.
También puso como un ejemplo un fondo de inversión que tienen los Estados del Caribe para financiar su Corte Caribeña de Justicia.
“Sí, nuestro trabajo incomoda. A pesar de eso muchos Estados contribuyen de forma voluntarias a la Comisión. Pero el conjunto de Estados nunca nos ha dado los recursos necesarios para responder cabalmente a las exigencias de los derechos humanos en el continente”, aseveró.
Cavallaro terminó hoy una visita de dos días a Costa Rica, en la que se reunió en privado con la vicepresidenta Ana Helena Chacón; el canciller, Manuel González; la ministra de Justicia, Cecilia Sánchez; y la defensora de los Habitantes, Montserrat Solano.
Douglas Marín
