La comisión pudo observar en la región actos de represión ocurridos en contextos de protestas y manifestaciones en algunos países, mediante el uso excesivo de la fuerza que tuvo como consecuencia la afectación a la vida e integridad de las personas. En estos contextos se observó asimismo la detención de manifestantes.
En tal sentido, la CIDH recuerda que las armas de fuego “deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales. El uso de este tipo de armas es una medida extrema, y no debe utilizarse excepto en aquellas oportunidades en que las instituciones policiales no puedan reducir o detener con medios menos letales a quienes amenazan la vida e integridad de otras personas”, señala.
Del mismo modo, dice la CIDH, los Estados deben adoptar las medidas necesarias para que estos actos de violencia sean investigados con debida diligencia, estableciendo las responsabilidades materiales e intelectuales y sancionando a los responsables.
La CIDH condena los actos de violencia y vandalismo ocurridos en el marco de las manifestaciones por ser estas conductas incompatibles con el derecho a la protesta.
En este sentido, llama a todas las personas que participan en manifestaciones “a no recurrir a actos de violencia y reitera que el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta”.
NO PENALIZACIÓN Reitera que la protesta social es una herramienta fundamental para la labor de defensa de los derechos humanos, y esencial para la expresión crítica política y social de las actividades de las autoridades.
Por lo que “resulta en principio inadmisible la penalización per se de las demostraciones en la vía pública cuando se realizan en el marco del derecho a la libertad de expresión y del derecho de reunión” y que “el ejercicio del derecho de reunión a través de la protesta social no debe sujetarse a una autorización por parte de las autoridades ni a requisitos excesivos que dificulten su realización”.
OTROS SECTORES La CIDH observa nuevamente el riesgo agravado en el que se encuentran las personas defensoras de derechos humanos y líderes indígenas, de la tierra y medioambiente, mujeres, así como los altos niveles de impunidad frente a estos casos. Dice que continúan verificándose patrones de violencia contra periodistas y medios de comunicación, “y un persistente clima de impunidad en crímenes y violencia contra periodistas denunciados en años anteriores”. Adicionalmente, se observa con preocupación que persiste la estigmatización contra periodistas, medios de comunicación y activistas, por parte de altas autoridades en varios países de la región.
La CIDH llama a los Estados de la región a tomar medidas concretas, adecuadas y eficaces en materia de protección, prevención, investigación y acceso a la justicia para crear un ambiente propicio y seguro para quienes defienden los derechos humanos en la región.
Por otro lado, la institución continúa observando con preocupación altos niveles de violencia contra las mujeres y las niñas por razones de género en la región, incluyendo restricciones en el ejercicio de sus derechos reproductivos. Asimismo, la prevalencia de actos de violencia, incluyendo crímenes de odio contra personas LGBTI.