Los dirigentes del grupo indígena Tacana Edgar García y Rolando Justiniano, además de representantes de dos organizaciones no gubernamentales que los asesoran informaron hoy en una rueda de prensa de que la CIDH envió la petición al Gobierno el 23 de enero.
La CIDH pide a las autoridades del Gobierno de Evo Morales que se pronuncie acerca de la petición de medidas cautelares para la protección del grupo no contactado y que ha sido planteada por el pueblo tacana y otras entidades, explicaron los líderes indígenas.
El organismo también pide que se informe sobre si se han tomado “medidas de carácter preventivo” para salvaguardar la vida de esos nativos y se explique cuál es “el estado actual de las obras y el impacto que podrían tener” sobre la vida de esa comunidad aislada.
El supuesto pueblo no contactado vive en un territorio que está en medio de las tierras que habitan los tacanas y los araona.
Además de las medidas cautelares, los tacanas y sus asesores solicitaron la CIDH paralizar la prospección sísmica en la cuenca Madre de Dios, en el norte del departamento de La Paz (noroeste).
Los tacanas también pidieron a la CIDH establecer la prohibición absoluta de ingreso de personas ajenas al territorio que ahora es impactado por la prospección sísmica y que una comisión de expertos actúe como garante de las medidas cautelares.
Las operaciones en la zona, denominada Nueva Esperanza, fueron decididas por la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y encargadas a la compañía china BGP, con sede en Ecuador, que deber operar sobre un área de 806.205 hectáreas.
En concreto, se trata de operaciones de sísmica 2D, para cuyos efectos se realizarán 20.160 detonaciones de explosiones (pentatolita) sobre una superficie de 1008 kilómetros.
Esos datos técnicos están contenidos en la petición de medidas cautelares enviada el 22 de diciembre del año pasado a la CIDH.
El dirigente Justiniano dijo que hay suficiente evidencia de la presencia de ese grupo de indígenas y que hay legislación boliviana e internacional que impone la obligación a los Estados de proteger los derechos de los pueblos no contactados.
A su turno, García enfatizó que hay un peligro real para la vida de ese grupo de indígenas con el ingreso de obreros de la petrolera.
Pero además, agregó, también hay un temor de que esos nativos ataquen a los tacanas si creen que ellos son parte de una incursión en los bosques vinculada al desarrollo de la sísmica petrolera.
El representante del Centro de Documentación de Información Bolivia (Cedib), Marco Antonio Gandarillas, uno de los asesores, advirtió de que hay un peligro de “etnocidio” porque cualquier presencia extraña pueda generar por transmisión de enfermedades la desaparición de los esos grupo de la selva amazónica.
El Cedib recogió varios reportes y eventos que desde agosto probarían la existencia del grupo amazónico, como huellas, sendas abiertas e incluso actos de intimidación con ruidos y gritos alrededor de los campamentos de los obreros petroleros.
La otra entidad que apoyan el reclamo de medidas cautelares es el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis).
