En un informe titulado “Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las Américas”, la CIDH pone de manifiesto la fragilidad de las comunidades en esa situación, que se calcula son unas 10.000 personas en total, dada su incapacidad de abogar por sus derechos.
Muchos de estos pueblos han desaparecido, destaca el estudio, y los pocos que sobreviven se enfrentan a la demanda creciente de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios, como los hidrocarburos, los minerales, las maderas y los recursos hídricos.
“Si no logramos asegurar su protección contra estas incursiones, enfrentamos el riesgo de ser testigos de la desaparición completa de los pueblos indígenas”, aseguró la CIDH en su informe.
Los Gobiernos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela han reconocido, con diferentes niveles de protección jurídica, más de 9 millones de hectáreas a favor de pueblos indígenas que viven al margen de la sociedad general.
También hay indicios de su presencia en las zonas fronterizas de Brasil con Guyana y Surinam.
Sin embargo, el informe destaca que las prohibiciones de acceso a estas áreas no siempre son respetadas y que en la práctica no se suelen realizar acciones para hacerlas cumplir, poniendo en riesgo su integridad y abocándolos a su extinción definitiva.
Entre las amenazas que vulneran los derechos de estas comunidades, la CIDH señala el narcotráfico, las actividades turísticas (ecológicas o de aventura), la evangelización de los indígenas, la construcción de infraestructuras y la explotación de los recursos naturales.
La CIDH insta a proteger los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y considera que si no se preserva su diversidad cultural sería una pérdida para toda la humanidad.
Entre las recomendaciones que cita el informe para preservar a este colectivo figuran el reconocimiento de su existencia y su derecho a la autodeterminación, la protección de sus tierras, territorios y recursos naturales, así como su derecho a permanecer en aislamiento voluntario, entre otras.
El contacto debe darse solamente en el caso de ser propiciado por los pueblos en aislamiento, de lo contrario, “debe respetarse su derecho a vivir aislados para no vulnerar su existencia” con la escasez de alimentos, las epidemias y la violencia, derivadas de la incursión en sus territorios.
La CIDH entiende por pueblos en situación de aislamiento voluntario y de contacto inicial a los indígenas que no mantienen contactos sostenidos con la población no indígena y que rehuyen todo tipo relación con personas ajenas a su comunidad.
En algunos casos, tras un contacto esporádico con las sociedades no indígenas, muchas veces violento, esos pueblos han decidido regresar a vivir al margen de la sociedad.
Según los cálculos aproximados de la CIDH, existen unos 200 pueblos y 10.000 indígenas aislados que habitan zonas remotas y de difícil acceso de América del Sur, como la selva amazónica y la región del Gran Chaco.
