En un aparente acto de bondad infinita, la empresa San Agustín comunicó oficialmente al Estado que renunció a percibir los 14.000 millones de guaraníes que el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) le adeuda por la compra de una propiedad de 5.742 hectáreas en Cordillera.
Justo Cárdenas, titular del Indert, informó sobre la “donación” en una conferencia de prensa en la que participaron representantes de la firma, autoridades cordilleranas y hasta dirigentes de comunidades que pretenden asentarse en el amplio inmueble. A priori, cualquiera pensaría que el Indert hace tratos con empresarios muy caritativos, que no tienen problema en renunciar a una deuda de tres millones de dólares. Obviamente, la realidad es otra.
Se trata de una finca que, según estudios técnicos de la Contraloría y la Fiscalía, no es apta para la reforma agraria. Poco y nada podrán cultivar los agricultores que quieran instalarse ahí, ya que la mayor parte de la propiedad sirve solo para la ganadería y producción de ladrillos. De hecho ya en 1996 estas tierras fueron expropiadas pero en el 2002, a pedido del entonces IBR, la ley fue derogada. Un detalle clave del caso es que San Agustín está ligada al senador oviedista Jorge Oviedo Matto, cuya familia tiene acciones en la empresa. A todo esto hay que agregar sospechas de una descomunal sobrefacturación.
La respuesta a por qué entonces el Estado terminó comprando el inmueble está en la fecha en que se cerró el trato: abril del 2013. Mientras que el PLRA sellaba una alianza con el Unace a días de las elecciones generales, el gobierno de Federico Franco aceptaba pagar 60.294.298.050 guaraníes por unas tierras igual de improductivas que aquel pacto electoral. Una vez destapado el escándalo, se terminó pagando solo el 80 por ciento del monto total, de ahí la deuda a la que ahora renunció la firma.
Pocas veces los políticos quedaron tan expuestos ante la ciudadanía. Por fin, la gente pudo saber cómo se cierran tratos entre los sectores tradicionales de la clase política criolla. En un país donde la pésima distribución de tierras es uno de los factores que impiden el desarrollo, no hubo problemas en desembolsar más de 10 millones de dólares y cerrar una desesperada alianza electoral.
Sorprende cómo el gobierno anunció con bombos y platillos la “donación” de la empresa vinculada al oviedismo. El mismo Cárdenas se mostró cauto al señalar que él no puede definir si la compra fue o no ilegal, a pesar de que anteriormente ya la calificó de “fraudulenta”. Aceptar la caridad de San Agustín se traduce en legitimar toda la operación. Así las cosas, todo apunta a que hay sectores que buscan cerrar el caso de la misma forma en que se inició: con un pacto político.