En la última sesión ordinaria del año de la Cámara Baja, los legisladores aprobaron el proyecto estudiado por diferentes comisiones e incorporaciones de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico.
El diputado Ramón Romero Roa, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, explicó que el proyecto otorga al Estado reprimir la producción y comercialización de estupefacientes. Agregó que la comisión dictaminó en tres oportunidades, incluso el miércoles hubo una reunión con el ministro de la Secretaría Antidrogas (Senad), quien propuso modificaciones.
Bernardo Villalba apoyó el proyecto, pidiendo que se trate el dictamen final con los trabajos de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación, Ciencia y Lucha contra el Narcotráfico, para sumar modificaciones estrictamente necesarias.
Eber Ovelar pidió que se trate como texto base el dictamen de Asuntos Constitucionales con todas las modificaciones que se introdujeron.
El liberal Antonio Buzarquis expresó que esta propuesta puede destruir el “corazón del narcotráfico”, pero que también puede ser una herramienta de persecución política para muchos compatriotas.
“Me gustaría ver capos mafiosos y jefes de gavillas presos a corto plazo”, expresó por su parte el diputado Amado Florentín (PLRA).
Los diputados decidieron tratar artículo por artículo el proyecto. Aprobaron sin objeciones los primeros artículos de alcance, definiciones y concepto, mientras que el debate surgió con la supresión del artículo que propone retroactividad del proyecto, por ser inconstitucional e ir contra al artículo 71 de la Carta Magna.
El legislador Pablino Rodríguez dijo que se trata de una ley muerta si no es retroactiva.
Finalmente, se aprobó por votación el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales con la incorporación de la Comisión de Lucha Contra el Narcotráfico y se suprimió el artículo 4 del proyecto.
El artículo 53 fue cuestionado por el diputado Pablino Rodríguez, quien expresó su preocupación respecto a la cooperación internacional en los casos de narcotráfico.
Villalba aclaró que con este artículo se ratifica la posición de Paraguay de aprobar y respetar el principio de reciprocidad con los países con los que no existen tratados. En este sentido, la ley que administra los bienes del procesado no afecta a las personas que no han cometido delitos en Paraguay, pero se garantiza la cooperación con los países donde tiene los cargos.
Los demás artículos fueron aprobados sin objeción. El proyecto ya había sido aprobado en general el pasado 13 de noviembre, sin embargo, su tratamiento en particular fue postergado en más de una ocasión, debido a que las comisiones decidieron incorporar modificaciones.
