La ex senadora Kattya González llevó ayer su caso ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) donde denunció haber sido víctima de una “ejecución política planificada” y de una campaña de “violencia institucional” que, según sostuvo, comenzó con un “linchamiento virtual sistemático” y culminó con su pérdida de investidura y la posterior ratificación de esa decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Lo hizo en un evento paralelo al 56° periodo ordinario de la Asamblea General de la OEA, que se desarrolla en Panamá, donde integró un panel sobre violencia política y digital contra las mujeres.
“Les hablo desde el cuerpo, desde la memoria inmediata y desde una cicatriz viva e inédita en la historia institucional de mi país”, expresó al iniciar su intervención en la que aseguró que fue sometida a “un laboratorio telemático diseñado para distorsionar la opinión pública y demoler mi reputación”.
La ex parlamentaria afirmó que el 14 de febrero de 2024 se consumó “el verdadero ultraje a la República”, al ser expulsada mediante una sesión extraordinaria que calificó como un “atraco” perpetrado por “la bancada del cartismo y sus satélites”.
“Ejecutaron mi pérdida de investidura con tan solo 23 votos. Veintitrés votos que violaron flagrantemente la propia legalidad del Congreso”, sostuvo, al recordar que una resolución del Senado exigía una mayoría calificada de 30 votos para una medida de esa naturaleza.
Asimismo, calificó el proceso parlamentario como “una farsa procesal vestida de formalidad” y aseguró que se vulneró completamente su derecho a la defensa.
“Fue una condena sumaria sin el derecho mínimo a ser oída bajo condiciones de objetividad. Fue una farsa procesal vestida de formalidad parlamentaria”, manifestó.
González también interpretó su destitución como una represalia contra su labor fiscalizadora.
“El mensaje del poder es brutal: ‘Miren lo que le pasa a la más votada de la oposición si no se arrodilla ante el pacto de impunidad’”, afirmó.
A la Corte. La ex senadora dirigió además sus críticas hacia la Corte Suprema de Justicia, que recientemente rechazó la acción de inconstitucionalidad planteada por su defensa. Según señaló, el máximo tribunal se subordinó al poder político.
“La Corte Suprema ha emitido un fallo infame. Se ha sometido de manera servil al poder político, actuando como un brazo armado que legitima la arbitrariedad de una mayoría circunstancial”, disparó.
En otro momento, aseguró que el fallo de la Corte “le ha entregado un cheque en blanco al autoritarismo”, permitiendo que una mayoría simple pueda remover a cualquier legislador incómodo.
“Nos han querido matar políticamente dos veces: Primero en el Senado y luego en una Corte Suprema arrodillada”, expresó.
Contra Peña. Durante su exposición, también cuestionó al presidente Santiago Peña y rechazó la imagen de Paraguay como una democracia consolidada.
“Qué fácil es llamarse democrático cuando se persigue a la oposición, cuando se elimina a toda voz crítica, mientras simultáneamente se protege a delincuentes procesados, se mantiene al frente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a personas con títulos falsos y se ampara el uso de dinero público en intereses privados”, señaló.
En ese sentido, advirtió que “Paraguay atraviesa un estado de profunda descomposición y un avance hacia el precipicio autoritario donde nadie está seguro”.
González intervino en el bloque “Voces y experiencias de mujeres políticas”, reservado para mujeres que han enfrentado situaciones de violencia política o digital.
El 14 de febrero del año 2024 y en pleno receso parlamentario, la Cámara de Senadores dispuso la pérdida de investidura de Kattya González, quien era una de las legisladoras de la oposición más votadas en el país.
La votación se cerró con 23 votos a favor del oficialismo y aliados. Meses antes, el propio Senado había aprobado un reglamento interno que exigía una mayoría calificada de 30 votos para expulsar a un legislador. Al cambiar la regla sobre la marcha, la oposición denunció un “atraco institucional”.
Kattya fue acusada de supuesto “uso indebido de influencias” por faltas administrativas leves relacionadas con la contratación y aval de viajes de funcionarios a su cargo.
“Nos han querido matar políticamente dos veces, primero en el Senado y luego en una Corte Suprema de Justicia arrodillada; se persigue a la oposición”.
Anunció que recurrirá a las instancias internacionales
La ex senadora opositora Kattya González anunció que, agotada la vía interna, recurrirá a organismos internacionales en busca de una reparación y de un precedente para la democracia paraguaya. “Vamos a cerrar el círculo y recurriremos formalmente a las instancias internacionales, pues no se trata ya de reparar de forma inmediata una banca, sino de dejar un precedente que sea de utilidad a la consolidación del Estado de derecho en el Paraguay”, sostuvo durante su charla en la OEA.
La ex senadora cerró su intervención con una advertencia y una reivindicación de los derechos políticos de las mujeres. “No nos vamos a callar, y no nos van a callar, porque los derechos políticos de las mujeres no son una concesión graciosa, sino el suelo sagrado sobre el cual se edifica la libertad de nuestros pueblos”, sentenció.
Tras más de dos años de tramitación y constantes pedidos de urgimiento, la Corte Suprema de Justicia rechazó por una mayoría de 6 votos contra 3 la acción de inconstitucionalidad promovida por la ex senadora.
La decisión judicial desató fuertes críticas ciudadanas y de analistas. Cuatro de los ministros que votaron en contra de Kattya González habían participado en reuniones previas con el presidente Santiago Peña y el ex mandatario Horacio Cartes.
Por esa razón, al quedar firmemente agotadas las vías judiciales en el plano local, la ex legisladora y parlamentarios aliados preparan formalmente demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte IDH, buscando un fallo internacional que sancione al Estado paraguayo.
De hecho, ya durante el 2024, González recibió un importante respaldo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El organismo que depende de las OEA incluyó el caso de la destituida senadora en su informe de ese año.
La Comisión sostuvo que “Paraguay enfrentó desafíos con la aprobación de una ley que limita la libertad de asociación, lo que podría restringir la labor de defensa de los derechos humanos”.
Afirmó que la expulsión de Kattya “por supuesto uso indebido de influencias” fue un proceso cuestionado como inconstitucional y señalado como parte de un patrón de violencia política de género.
