Una licitación para el mejoramiento del sistema nacional de emisión de cédulas de identidad y pasaportes fue suspendida por la primera sala del Tribunal de Cuentas, justo antes de que el Ministerio del Interior realice los primeros pagos al consorcio adjudicado por un total de USD 30 millones (G. 163.443716.606).
El tribunal ordenó esto como medida cautelar ante una demanda contencioso-administrativa planteada por el consorcio Identidad Aumentada Paraguay (Idap), integrado por las firmas extranjeras Safrán Identity y Oberthur y la paraguaya Winner. Este grupo también se presentó en la licitación y denunció el direccionamiento del proceso hacia el otro oferente que resultó el adjudicado: el Consorcio Documentos Electrónicos (CDE), integrado por la empresa internacional Gemalto y la paraguaya Solnet.
De esta manera, el Ministerio del Interior no podrá seguir adelante con el proceso de adjudicación hasta tanto el tribunal no resuelva si da lugar o no a la demanda. La resolución fue emitida antes de que la secretaría estatal pueda realizar el pago del anticipo al consorcio adjudicado.
Esta licitación fue impulsada por el Gobierno, a pesar de que en el 2014 la Policía ya había comprado un nuevo sistema informático para Identificaciones, por el cual pagó casi USD 1 millón, pero nunca llegó a implementar. Hasta hoy, la institución debe la otra mitad del pago por el software.
PROCESO. El llamado a licitación pública internacional fue hecho por el Ministerio del Interior en agosto del 2017 para la adquisición de un sistema de emisión de documentos en el Departamento de Identificaciones que permita, entre otras cosas, la emisión de pasaportes electrónicos. El principal cuestionamiento de los oferentes fue que el pliego de base y condiciones exigía como requisito haber participado previamente en un proyecto de emisión descentralizada instantánea de documentos de identidad en algún país de América Latina. Las protestas surgieron a raíz de que Uruguay es el único país en América Latina que cuenta con un sistema así y es la empresa Gemalto la que presta el servicio en el país charrúa.
Las protestas fueron rechazadas en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en tanto que la Contraloría General de la República dictaminó que hubo un direccionamiento y que la licitación debía cancelarse. Los oferentes incluso denunciaron que ya en marzo del 2017 el entonces jefe del Departamento de Identificaciones, Francisco Resquín, viajó a Francia para visitar a la empresa Gemalto.
ADJUDICACIÓN. A pesar de los cuestionamientos, el Ministerio del Interior adjudicó al consorcio CDE y firmó contrato en diciembre del 2017. La adjudicación establecía un pago de anticipo del 30% (unos USD 9 millones), que no se llegó a depositar debido a la medida cautelar emitida por el Tribunal de Cuentas. La resolución, dictada con los votos de los magistrados Óscar Paiva y Rodrigo Escobar y el voto en disidencia de Martín Ávalos, suspende “los efectos de las resoluciones relativas a las descalificaciones y adjudicaciones”, dictadas por Contrataciones Públicas hasta tanto no se resuelva la demanda planteada por el consorcio Idap. Según fuentes judiciales, Contrataciones Públicas apeló para revocar la medida cautelar.
